La Audiencia de Álava da carpetazo al escándalo de Iruña Veleia

Tras una eterna instrucción, en junio pasado el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria le condenó, junto a su principal colaborador, a dos años y tres meses por urdir el engaño y llevarlo a cabo «por sí mismo o a través de terceros». A su correligionario Rubén Cerdán, un supuesto experto que avalaba la autenticidad de los hallazgos con informes falsos, le cayeron un año y tres meses. Ambos recurrieron. Ayer, la Audiencia Provincial de Álava desestimó sus últimos argumentos. Ya no les quedan más instancias legales a las que llamar, pero tampoco ingresarán en prisión.

El fallo de los magistrados Tapia, Poncela y García Romo es tajante: «Desestimamos los recursos de apelación» de Gil y Cerdán. Por contra, sí estiman «parcialmente» el recurso presentado por la Fiscalía y la Diputación de Álava, propietaria de la instalación. La nueva resolución confirma por tanto la sentencia emitida hace medio año por la juez Isabel María Díez-Pardo y apenas varía las conclusiones de entonces.

La revisión sólo modifica ligeramente al alza -unos cientos de euros- el dinero a pagar por el arqueólogo por el «delito continuado de falsedad en documento oficial, en concurso ideal con una falta continuada de daños al patrimonio histórico, concurriendo la circunstancia muy atenuante de dilaciones indebidas». Gil vio ayer confirmado su castigo de dos años y tres meses de cárcel, que, en la práctica, no implicará su ingreso en prisión. Los magistrados, eso sí, le impiden volver a ejercer de arqueólogo durante un año, aunque hace más de una década que no trabaja como tal.

Acaba así una historia que la inmensa mayoría de la comunidad científica calificó de «puro humo». Las piezas desenterradas bajo su supervisión ni redefinieron el origen del euskera ni por supuesto situaban a diez kilómetros de Vitoria la primera representación de Cristo en la cruz. Y así con decenas de hallazgos revolucionarios. Todo fue un montaje.

La sentencia ratifica el fallo de junio emitido por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria. Después de casi dos semanas de vistas orales en febrero de 2020, la jueza condenó al arqueólogo por un delito de falsedad documental y otro de estafa. Le impuso una pena de dos años y tres meses de cárcel que sepultó su quijotesca defensa de unos hallazgos en cuya veracidad sólo creen él y un reducido grupo de acólitos. Ante la jueza se esforzó por convencer de que «no hay demostración científica de que (los grafitos) sean falsos».

Los jueces Tapia, Poncela y García Romo dan su beneplácito a los 256 folios de la sentencia de junio. Ésta decía que la aparición en cerámicas auténticas de las primeras palabras comunes en euskera y la primera crucifixión formaba parte de un «plan» urdido por Gil. La denuncia de la Diputación, dueña del yacimiento, fue interpuesta en la primavera de 2009.

A tenor de las pruebas y testimonios referidos durante el juicio, la magistrada Díez-Pardo señaló a Gil como ideólogo de una trama que engañó a la Diputación, al Gobierno vasco y a Euskotren, firma que inyectó en el proyecto 3,7 millones de euros. Ese dinero se perdió en el limbo, puesto que la compañía vasca no se personó a la causa. Gil y Cerdán sólo deberán abonar alrededor de 13.000 euros a la institución foral por los informes inventados que le colaron como auténticos.