En efecto, la investigación y la restitución de los bienes culturales incautados durante la Guerra Civil y la Posguerra es una tarea de enorme magnitud que desborda el contenido de la Ley de Memoria Democrática, que pone de manifiesto el escaso empeño político del Gobierno ... y que encima somete a las familias expoliadas a un importante esfuerzo personal y económico para la recuperación de sus bienes o para la obtención de una reparación integral.
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Hasta la fecha, y con un indudable retraso, el gobierno Sánchez solo ha hecho pública una relación de las piezas y documentos incautados y no devueltos que se albergan en los museos estatales, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo Histórico de la Nobleza y en el Centro Documental de Memoria Histórica. Pero más allá de eso, nada; con lo cual se entiende que en el caso de la familia Sota sigan pendientes de localización y devolución entre 50 y 60 piezas que podrían estar en diferentes dependencias públicas o, incluso, en algún domicilio privado. Ardua tarea la localización y la restitución de estas piezas expoliadas, pues, para cuyo fin se podrían reclamar las nuevas recomendaciones que hace menos de una semana y media formuló el Tribunal de Cuentas francés en relación con los bienes expoliados a los judíos por los nazis.
Por ejemplo, el impulso a una comisión intergubernamental de indemnizaciones a las víctimas expoliadas, una ley marco que facilite la retirada y la restitución de los bienes incautados albergados en las colecciones públicas, la nulidad jurídica de los actos de despojo sin que sean posibles ni la venta ulterior a un comprador de buena fe, ni la prescripción; la aceleración de la acción reparadora, la colaboración del mercado del arte, la fijación de un horizonte temporal a corto plazo y la eliminación de obstáculos burocráticos que dificultan las investigaciones sobre la procedencia de las piezas.
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