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Un convenio impulsado por el Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, las asociaciones profesionales de instaladores y mantenedores y el colegio territorial de administradores de fincas contempla facilidades y ayudas para acelerar la descarbonización del sector residencial. La ley fija el 31 de diciembre de 2030 como fecha límite para que las comunidades eliminen los hidrocarburos líquidos en las salas de calderas.
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El convenio da facilidades para sustituir las calderas
Nora Abete | Concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao
Nora Abete subraya que el Plan Renove de calderas de calefacción de gasóleo C ayudará a reducir las emisiones del sector residencial y, por tanto, mejorará la calidad del aire de la ciudad. Esta medida llega de la mano de un convenio que implica a diferentes asociaciones profesionales, ya que «es necesario actuar en diversos ámbitos, desde la colaboración y la financiación público-privada hasta la sensibilización de la propia ciudadanía en una cuestión de tanto impacto como es la sustitución de calderas comunitarias».
El Ayuntamiento de Bilbao y el Área de Movilidad y Sostenibilidad, en concreto, llevan tiempo impulsando actuaciones para reducir la huella de carbono de la ciudad, para reducir nuestra contribución al cambio climático y para mejorar la calidad del aire de Bilbao y, por tanto, la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad. En este sentido, los estudios que hemos llevado a cabo nos indican que el sector residencial es uno de los sectores con más peso a la hora de generar ese impacto en el medio ambiente, debido a la huella de carbono que produce la iluminación, calefacción, consumo energético, etc. Esto hace necesario favorecer la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía menos contaminantes en los edificios de viviendas privadas. Para conseguirlo, si queremos ser ambiciosos en el cumplimiento de los objetivos, es necesario actuar en diversos ámbitos, desde la colaboración y la financiación público-privada hasta la sensibilización de la propia ciudadanía. Esto es lo que se busca con este proyecto: alinear a los diferentes agentes públicos y privados y concienciar a la ciudadanía en una cuestión con tanto impacto como es la sustitución de calderas comunitarias.
Efectivamente, si queremos acelerar la descarbonización del sector residencial es imprescindible alinear a los diferentes agentes públicos y privados que juegan un papel necesario en estos procesos de transformación y renovación. Estamos hablando de generar sinergias a través de este convenio que repercuten en múltiples factores, como son la financiación de las actuaciones, la coordinación entre diferentes sectores, la facilitación de los trámites por parte de la administración pública, la generación y difusión de conocimiento o la capacidad de llegar de una manera más clara y directa a la ciudadanía. Porque, en definitiva, se trata de que la ciudadanía perciba que este convenio es una herramienta que va a facilitar a las comunidades los procesos de sustitución de calderas.
Desde el área de Regeneración Urbana, a través de Surbisa, se ha puesto en marcha la Línea Verde 2024, que es una línea de ayudas directas para incentivar la realización de obras de rehabilitación con criterios de eficiencia energética de edificios de uso residencial, las inversiones en instalaciones en energías renovables en el sector residencial (solar, biomasa, geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica) y las actuación para la reducción de la demanda de energía y para la promoción de uso de energías renovables.
Este año el Ayuntamiento ha aprobado el Plan de Acción Climática y Energía Sostenible, que busca avanzar en la descarbonización de la ciudad a través del trabajo de diferentes áreas y que se sustenta sobre varios ejes: la sostenibilidad energética del propio ayuntamiento, es decir, de los edificios municipales, la flota de vehículos, la generación de energía renovable; las políticas de movilidad sostenible, entre las que destaca la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, con una filosofía y unos objetivos totalmente alineados con los de este convenio; la rehabilitación energética del sector residencial; y la capacitación y la sensibilización de la ciudadanía.
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Cuanto antes hagan el cambio, antes empezarán a ahorrar
Iñaki Salcedo | Director de Amicyf
Con alrededor de 300 profesionales y empresas agrupadas, la Asociación de Mantenedores de Instalaciones de Calor y Frío de Bizkaia (Amicyf) es uno de los agentes encargados de impulsar el plan Renove de calderas. En su mano está, entre otras funciones, la coordinación de las empresas instaladoras que llevarán el peso de la sustitución de las salas de calderas que funcionan con gasóleo C por otras menos contaminantes. El director, Iñaki Salcedo, recomienda a las comunidades de propietarios afectadas (unas 475 en Bilbao) que, en primer lugar, soliciten a las empresas que les realizan el mantenimiento un informe técnico donde se recoja hacia qué energías pueden orientar ese cambio. Con dicho estudio en la mano, será el momento de analizar las diferentes opciones que permite el edificio y solicitar presupuestos y ayudas.
La elección más interesante desde el punto de vista de la descarbonización de las instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización son las energías renovables: placas solares fotovoltaicas, aerotermia, biomasa, bomba de calor… En el caso de que no puedan completar la producción de energía con estas soluciones, deberán inclinarse por calderas de condensación alimentadas por gas natural, que es considerado un combustible de transición. En este sentido, aconsejo instalar equipos que en el futuro puedan admitir biocombustibles como el biometano o el gas mezclado con hidrógeno. Si persisten las dudas, se pueden ampliar las conclusiones del informe técnico con una auditoría energética a través de la oficina Rehabilita del Colegio de Administradores de Fincas en busca de la opción más adecuada.
El coste de renovar la caldera para una comunidad de propietarios de entre 20 y 25 vecinos puede oscilar entre los 100.000 y 200.000 euros. La diferencia estará en los equipamientos que se instalen para suplir el gasóleo y las obras que estos requieran, porque no es lo mismo cambiar a gas natural que elegir alguna de las fuentes renovables cuya instalación obligue a realizar una modificación arquitectónica en el edificio.
Así es. El plan Renove contempla ayudas económicas para paliar la inversión. Por un lado, los fabricantes de equipos que se han adherido hasta ahora al convenio (Baxi y Ferroli) y la distribuidora Nortegas ofrecerán incentivos en función de los kilovatios instalados y el consumo de gas, respectivamente. Por otro, entidades públicas como el Ente Vasco de la Energía y Surbisa cuentan con programas que incluyen ayudas específicas. Por su parte, Laboral Kutxa y Banco Sabadell ofrecerán condiciones preferentes de financiación a aquellas comunidades que afronten estas obras dentro del plazo que recoge el convenio.
Anticiparse a una medida de estas características evita que se produzca un cuello de botella. El número de comunidades afectadas (475) es muy alto y el plazo de ejecución 2030 está cada vez más cerca, lo que pone en dificultades tanto a los titulares de las instalaciones como a las empresas del sector, para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Sostenibilidad del País Vasco. Pero sobre todo deben pensar en que cuanto antes lo afronten, antes empezarán a notarlo en la factura. Solo la instalación de un generador mucho más moderno –los actuales están equipados con reguladores que les permiten funcionar con potencias flexibles para adaptarse a unas temperaturas que ya no son tan bajas como antes– ya les supone un ahorro. Si además implementan algún elemento renovable para generar electricidad y aíslan la fachada, ese ahorro se va a multiplicar.
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