Un vizcaíno queda libre de abonar 61.000 euros de 15 créditos por la Ley de la Segunda Oportunidad

Según la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, encargada de asesorar a P. M., los problemas comenzaron en 2019. Disminuyó su «carga de trabajo», lo que llevó a una merma «de sus ingresos». Además, padre de dos hijos, se separó y tuvo que hacer frente a gastos extra, como el alquiler de una vivienda «con unas mínimas condiciones». «Tiró de préstamos para llegar a todo y hubo un momento en el que o dejaba de pagar o dejaba de comer», explica Mónica Puente, la letrada que se ha encargado del caso.

Pronto empezó a retrasarse en los abonos y entró en un ciclo en el que los intereses «aumentaban de forma descontrolada». «Recibir llamadas de recobro constantes y en tono amenazante le supuso un estrés que no podría gestionar por mucho tiempo», señalan desde el colectivo.

Entonces contactó con la asociación, que estudió el caso y comprobó que se ajustaba a los requisitos de la ley aprobada en 2015, que pretende evitar que una persona o empresario arrastre toda su vida una deuda a la que no puede hacer frente. Al comunicar al Juzgado la situación del deudor, que se declaró insolvente, comenzó un período de negociación en el que no estaba obligado a pagar, quedando paralizado además cualquier intento de embargo.

En este caso, los abogados de P. M. presentaron un plan de pagos para intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores, entre ellos CaixaBank, Santander, Cetelem y Cofidis. Las entidades «rechazaron» la propuesta y el deudor solicitó el perdón de todas sus cargas al tribunal, que le exoneró del 100% del pasivo insatisfecho. «Tener en el presente una nómina fija y unos ingresos estables no te exime de atravesar una situación económica delicada en el futuro», advierten desde Ayuda al Endeudamiento.

Para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad, en cualquier caso, «es necesario cumplir una serie de requisitos», que demuestren, en líneas generales, que el solicitante es un deudor «de buena fe». En ese sentido, debe ser insolvente, la cuantía global menor de 5 millones de euros, intentar llegar a un acuerdo de pagos y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos.