«Vivo en una residencia de Bizkaia, tengo 96 años y desnutrición severa»

«Tengo una pensión de 783 euros y pago 2.950 euros en una residencia. La Diputación me da 1133 euros para pagarla. He hecho la declaración y me devuelven 0,05 euros», decía uno de los mensajes. «Yo mastico, no me atraganto. Solo necesito tiempo, pero para hacerlo más rápido me dan todo en puré», ponía en otro. «Debido a mis problemas de salud, estoy encamada y necesito que me muevan y me aseen, pero la gerocultora solo dispone de 11 minutos para hacerlo». «Soy trabajadora de una residencia y solo tengo cinco minutos para darle la comida a quien no puede comer sola. No puedo darle primer plato, segundo y postre», rezaban en otros. «Tengo 96 años. Me ingresaron en el hospital por una infección respiratoria. Al alta en mi informe constaba desnutrición severa. En la residencia nunca han evaluado mi estado de mi nutrición», apuntaba otro de los carteles.

Este fue el caso, precisamente, de la suegra de Enrique de La Peña, que reclama otro modelo de inspecciones públicas y que se analicen periódicamente los niveles de desnutrición de los usuarios, las úlceras de presión y la satisfacción de las trabajadoras. De hecho, la conflictividad laboral en el sector también les afecta.

«No sentimos que nuestros mayores estén bien cuidados. Lejos de cambiar el modelo residencial y de cuidados que la pandemia destapó, la realidad de la ayuda a domicilio y de las residencias es que continúa siendo un negocio». «Ante cualquier problema, la Diputación te indica que pongas una denuncia judicial», ha explicado la coordinadora de la entidad en Bizkaia, Iraide Urriz, que ha recordado que la mayoría de trabajadoras apenas disponen de cinco minutos para dar de comer a un usuario o de diez para lavarle.

Los familiares piden más personal y atención sanitaria pública en las residencias. Denuncian que muy a menudo no hay ni siquiera auxiliar de enfermería a las noches. Según sus datos, en noviembre de 2021 había una gerocultora por cada 55,5 personas. Reclaman incrementar el número hasta una por cada 25 usuarios y el de enfermeras hasta una por cada 100 en horario nocturno.

Los familiares piden también más plazas residenciales. «Tenemos unas 10.500 de residentes y debería haber 13.000 según la OMS. En 1990 solo un 10% eran de gestión privada y ahora lo son el 92%. Pero es que en 2030 vamos a necesitar 36.000 plazas en Euskadi tirando por lo bajo», ha relatado De La Peña.