Vivienda favorece el acceso a un piso protegido a 900 mujeres maltratadas en Euskadi

Desde hace una década, el Departamento vasco de Vivienda atiende de manera específica a las mujeres víctimas de maltrato y favorece su acceso a un piso protegido -hay 900 en la actualidad- con el fin de ayudarles a alejarse y cerrar la etapa de violencia sufrida y abrir una nueva. Se trata de una de las medidas más relevantes dentro del acuerdo interinstitucional que diferentes consejerías del Gobierno vasco, municipios, diputaciones o judicatura firmaron en 2009 con el objetivo de coordinar políticas, mejorar la atención integral a las víctimas y establecer protocolos de actuación para ofrecer los recursos humanos, materiales o técnicos que precisan estas mujeres. Desde que se firmó dicho acuerdo, cada año se analiza el resultado y promueven nuevas actuaciones o programas dirigidos en buena parte a la formación y sensibilización de las personas que, en cualquiera de los estamentos, debe tratar con las afectadas y/o buscar soluciones a su situación.

El informe elaborado por Vivienda sobre las actuaciones que ha llevado a cabo en esta materia en el último año revela una primera y clara conclusión. «Lamentablemente, el programa es de enorme éxito», resume de forma irónica el director de Planificación, Mario Yoldi, tras comprobar que cada ejercicio el número de expedientes abiertos y de viviendas adjudicadas por esta razón ha ido en aumento. «El problema no va a mejor», constata atendiendo a esos datos. En toda Euskadi, el volumen de peticiones de vivienda atendidas, en cualquiera de las fórmulas existentes, llega hasta las 900.

La consejería del socialista Iñaki Arriola articula dos tipos de medidas para favorecer el acceso de mujeres víctimas de maltrato. La primera, de forma general, consiste en priorizar en los procesos de adjudicación a quienes acreditan su condición de damnificadas por la violencia de género. Desde que se eliminó el sistema de cupos para determinados colectivos en situación más vulnerable, esa fórmula «de acción positiva» consiste en otorgar diez puntos extra en el sistema de baremación por el que ahora se priorizan las necesidades de los demandantes y se conceden las VPO. Según los últimos datos de Etxebide, a diciembre de 2018 había abiertos 861 expedientes normales en Euskadi (493 en Bizkaia, 194 en Araba y 174 en Gipuzkoa). Además, otras 10 mujeres están a la espera de poder acceder a un piso en régimen de compra.

Durante el año pasado, Etxebide manejó unos 200 casos de mujeres maltratadas que habían solicitado acogerse a los beneficios para poder acceder a un piso. Y en ese mismo periodo se registraron 164 bajas.

En los casos más graves, cuando el caso llega a Vivienda desde los servicios sociales o desde la judicatura como una situación de emergencia donde hay «riesgo para la integridad» de la mujer, el Departamento procede a una adjudicación directa. En los tres territorios, se gestionaron 30 expedientes, estimándose 22 y rechazando seis. El resto quedó pendiente para este año, cuando se han adjudicado ya un total de diez viviendas de forma directa.

El sistema de concesión es el mismo para todos los solicitantes. Ya no hay sorteos ni cupos pero sí un baremo que contempla las situaciones familiares o los ingresos económicos. Y junto a los diez puntos extra, se les permite darse de alta como solicitantes de Etxebide sin la necesidad de acreditar ningún ingreso mínimo, «es decir, desde cero euros». Tampoco tienen la obligación de cumplir la exigencia de empadronamiento en el muncipio donde solicitan la VPO, medida coherente con la obligación para muchas de cambiar de localidad de residencia.