Al menos 90 víctimas de trata han sido liberadas en Bizkaia los últimos 5 años

De acuerdo a esos balances, algunos más actualizados que otros, Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza han liberado desde 2018 en Bizkaia a alrededor de 90 mujeres y han arrestado o investigado a más de un centenar de personas.

En Euskadi, en torno 1.100 mujeres ejercen la prostitución, según los números que maneja el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la mitad de ellas en Bizkaia. «Nosotros diferenciamos entre la prostitución, que es un fenómeno, y la trata, que es un delito para el que hay una ley integral», puntualiza Marian Arias, gerente de Askabide, asociación que lleva casi cuatro décadas apoyando a estas mujeres. Una vez dicho esto, la psicóloga reconoce que «la línea» que separa a una y otra «a veces no es tan clara».

Es habitual que las afectadas «no se reconozcan» como víctimas. «Pasaba mucho con las nigerianas, que no eran conscientes de que se estaba cometiendo un delito contra ellas», explica la responsable de la entidad, que dispone de un piso conveniado con Emakunde para atender a las víctimas de explotación sexual.

La africana era una de las cuatro principales tramas del territorio -están también la sudamericana, la china y la de los países del este-, pero ha perdido peso en los últimos años. «Nigeria ha endurecido mucho las penas para los captadores en el país de origen», precisa un inspector de la Policía Nacional que lleva una década trabajando en el desmantelamiento de estas redes.

Estas mujeres, que solían estar «en la calle», sobre todo en Las Cortes, en el barrio bilbaíno de San Francisco, llegaban en patera desde Libia «con deudas muy elevadas, de 50.000 o 60.000 euros». «Estaban amenazadas con rituales de vudú», detalla el mando policial, que indica que ya «no hay» apenas mujeres de esta nacionalidad en las calles vizcaínas. En la actualidad, la mayoría de las víctimas proceden de Sudamérica, y suelen ser jóvenes que llegan atraídas «por algún familiar o amigo» que les ofrece trabajo y les paga el billete de avión.

Algunas saben antes de partir de sus países de origen -mayoritariamente Venezuela, Colombia, Paraguay...- que vienen a ejercer la prostitución, pero las condiciones que les imponen una vez que han aterrizado no son siempre las acordadas. «Se aprovechan de su vulnerabilidad. Una vez aquí no tienen otra opción, porque están de manera irregular y tienen que conseguir dinero para pagar lo que deben», precisa el mismo inspector.

«La gente se centra en la voluntariedad, como si la culpa fuera de la víctima, pero la pregunta que hay que hacerse es qué situación tiene la persona para entrar ahí, y esa situación común es la pobreza», subraya Julio David Justamante, gerente de Nueva Vida. Esta asociación es proabolición, porque ejercer es la consecuencia de la «falta de otras opciones», y no «una decisión libre».

La operación de mayor calado este año se desarrolló en marzo en el barrio bilbaíno de Zorroza, donde la Guardia Civil liberó a trece mujeres procedentes de Paraguay y Colombia que vivían «en condiciones infrahumanas e insalubres» y que eran obligadas a mantener contactos sexuales las 24 horas, los siete días de la semana y a consumir cocaína si quería el cliente. En otras ocasiones, la droga -es habitual encontrar estupefacientes en los registros- la toman «para evadirse». «Vienen a un país en el que, en muchas ocasiones, no conocen el idioma, dejan atrás a la familia, hijos, y para hacer algo que no les gusta», introduce el inspector de la Policía Nacional. Se la facilita, «en el 90% de los casos», el proxeneta en lo que el uniformado define como «el negocio redondo», porque la víctima «tiene que seguir trabajando para pagar la droga».

El paulatino traslado de los encuentros sexuales de clubes a pisos, acrecentado por la pandemia, complica el trabajo tanto de las asociaciones como de las fuerzas de seguridad. «Intentar detectar redes de trata es muy difícil si no vamos a los lugares en los que se ejerce la prostitución», advierte Patricia Martínez, responsable de la Comisión Estable contra la Trata de Seres Humanos de la Ertzaintza. «En cualquier comunidad de vecinos puede haber un piso dedicado a la trata», alertan desde Nueva Vida.

Otra limitación añadida al trabajo policial y de las oenegés es la gran movilidad por diferentes provincias. En 2018, la Policía Nacional liberó a trece mujeres y detuvo a quince personas en una «importante» operación desarrollada en Bizkaia con ramificaciones en el Levante. «En los meses de lluvia, esa trama trasladaba a las mujeres, que ejercían en la calle, a Alicante y Benidorm», recuerda el inspector.

Los diferentes cuerpos policiales y las asociaciones animan a denunciar, aunque son conscientes del «miedo» que atenaza a las víctimas. Y también ponen el foco en los clientes. «El consentimiento, cuando existen relaciones asimétricas, no es más que cubrir los deseos de los hombres a costa de nuestros derechos a ser personas, no cosificadas y no agredidas», sostienen desde la Coordinadora Feminista Abolicionista de Euskal Herria, que el sábado a mediodía se movilizará -en Bilbao frente al teatro Arriaga y en Durango en Andra Mari- para denunciar «estas formas extremas de violencia contra las mujeres».