Los vecinos de Sopuerta ven «irremediable» que se produzcan problemas con los acogidos en el centro de menores

La oposición frontal de los vecinos al proyecto se ha trasladado hoy al ámbito institucional después de numerosas protestas protagonizadas durante las últimas semanas por la posibilidad de que «la seguridad y la convivencia se vean comprometidas en la localidad». Así, ante los reprentantes de los diferentes grupos políticos han acusado de falta de transparencia a la Diputación foral de Bizkaia, la administración encargada de los centros de acogida. «Nos enfada la opacidad y la ausencia de un proceso participativo por parte de nuestros representantes políticos», ha asegurado el portavoz de los vecinos, Sergio Fernández.

Intentando evitar cualquier etiqueta de racismo, ha aludido a que «Sopuerta históricamente ha sido un municipio que ha sumado parte de su población a la diáspora vasca» y que también ha sido receptor de migrantes del conjunto de España. Ante esta realidad, los vecinos apuestan por «un modelo donde las diferentes culturas tengan tiempo de entenderse». Sin embargo, no consideran que su pueblo sea el entorno adecuado para llevar adelante el proyecto ya que tiene «una escasez de servicios» y según el Plan Estratégico comarcal 2020-2023, elaborado por la misma Diputación, está calificado como un municipio con una vulnerabilidad media-alta.

Dentro del «todo tipo de carencias» que los vecinos consideran incompatibles con facilitar una acogida digna, Fernández ha destacado que «los servicios de salud son deficientes», que la comisaría más cercana está a 15 minutos y la falta de actividades lúdicas. Por lo tanto, según sostiene el vecindario, el motivo de alojar en Sopuerta el centro de menores no estaría en su catálogo de prestaciones, sino en que está apartado de los grandes núcleos urbano, lo que «generará nula alarma social» y, por lo tanto, evitará «el desgaste electoral del PNV».

Más allá de las carencias estructurales que sufre el municipio, los vecinos también cuestionan las características de la población migrante que pretende acoger el centro de menores. «Su cultura, su religión y sus valores son radicalmente diferentes a los nuestros», ha asegurado Fernández para después añadir que «todavía son personas en pleno desarrollo de sus capacidades para hacerse cargo por sí mismas de las exigencias de un mundo adulto». Esta situación va a provocar, según los vecinos, que «irremediablemente» se produzcan problemas.

Pese a estas quejas, la Diputación no tiene intención de dar marcha atrás. El repunte en la llegada de jóvenes extranjeros del que la administración foral viene advirtiendo desde finales del año pasado obliga a mover ficha y plantear medidas «excepcionales». «No vamos a dejar a nadie desprotegido en la calle», aseguró la semana pasada la encargada del área, Amaia Antxustegi, para después reclamar «tranquilidad» a los vecinos de Sopuerta y pedirles que «no carguen sobre los menores prejuicios y estereotipos».

La fundación catalana Salud y Comunidad (FSC) ha comprado el palacete de Sopuerta en el que la Diputación pondrá en marcha el centro durante los próximos días. La entidad sin ánimo de lucro, especializada en la atención de «problemáticas sociales», es la propietaria del inmueble y también la gestora de la residencia. Sin embargo, los vecinos dudan que sea la empresa idónea para gestionar este centro ya que «no gestionan ningún recurso con las características del que se va a abrir».

«En la información que manejamos no parecen disponer de ninguna experiencia en la gestión de este tipo de dispositivos, con este número de plazas y necesidades», ha asegurado para después calificar a la empresa como «muy atenta en detectar las urgencias de los gobiernos y ofertar dispositivos con plazas que den una salida rápida a sus preocupaciones». Por ello, han preguntado en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía por el modelo elegido de centro y por el perfil y la calificación de las personas que se harán cargo del mismo.