Los vecinos del Peñascal prefieren viviendas de menos altura y orientadas al sol en la reconstrucción del barrio

El presidente de la asociación de vecinos, Pedro Castañares, ha explicado que se descantaron por la opción C, que planteaba más edificaciones que la B pero de menor altura para garantizar la orientación al sol del barrio. La primera, la A, doce bloques de planta baja más nueve alturas junto a la ladera oeste y 224 viviendas, mientras que en la B habría cinco bloques en la ladera oeste y otro más junto a los juegos, de planta baja y nueve alturas. La opción escogida por los vecinos plantea el doble de edificios que el anterior con 225 pisos: Esta alternativa implicaba la sustitución del bloque industrial del sur del barrio por un rascacielos de planta baja y nueve alturas. Otros cinco inmuebles tendrían un máximo de siete pisos, habría otros dos de cuatro y cinco plantas y dos más con tres y cuatro. Se preveían también 250 plazas de parking bajo rasante. Desde el área de Planificación Urbana relataron que se durante el proceso se recopilaron más ideas y matices a este planteamiento.Los técnicos municipales plasmarán el diseño definitivo en el Plan Especial que redacta el Ayuntamiento, donde quedará dibujado cómo será el nuevo barrio del Peñascal. Estará listo en pocos meses.

Tras el proceso participativo, también se ha reducido la horquilla de los posibles derribos, que en octubre se fijaron en entre 225 y 300. El edil de Vivienda, Jon Bilbao, calcula que el número estará en torno a las 240, pero la cifra exacta no se conoce todavía porque aún se negocia con vecinos que prefieren otras soluciones.

Aun así, se trata de una operación a largo plazo y las primeras familias no serán realojadas al menos hasta finales de 2025. Algunas están en una grave situación, porque deben acceder a sus casas a través de muchas escaleras. La situación es crítica para muchas y por eso, se priorizarán los realojos más urgentes en otras zonas, en pisos que son propiedad de Viviendas Municipales. Hace justo un año, se dio a conocer en el Pleno que el Ayuntamiento había materializado uno de los traslados más apremiantes, el de una señora, y que se trabajaba en otros ocho de personas que no pueden esperar los dilatados plazos de la operación.

El concejal de Vivienda se reunió la tarde de ayer con vecinos del barrio para informarles de las opciones de realojo en función de las necesidades y la disponibilidad de pisos. Los que tengan prioridad serán los de los residentes en viviendas afectadas por el plan de derribos y no el resto. Se les reubicará de forma temporal en pisos municipales según se vayan liberando. A la cita asistieron una quincena de personas con problemas de movilidad y accesibilidad, pero se calcula que este plan de realojos urgentes afectará a esas ocho familias de las que se hablaba hace un año. Es decir, se priorizarán los de las personas afectadas por la actuación, de ahí que haya que esperar al informe de afección por parte del Área de Planificación Urbana del Ayuntamiento, que estará listo en un mes y medio. Primero se deberá conocer con exactitud qué viviendas estarán afectadas y por lo tanto quiénes tendrán derecho a realojo.

Bilbao resaltó que «el propósito es contribuir con los recursos municipales a garantizar que las personas más afectadas por este Plan puedan disponer de una vivienda alternativa, al menos mientras duren las obras de regeneración del barrio». El concejal cree que en mayo a todas estas personas se les habrá ofrecido ya un piso de alquiler social de Viviendas Municipales, por el que tendrán que abonar una renta del 30% de sus ingresos. Después podrán surgir otros casos.

La operación es a largo plazo. Primero se actuará en los bloques que tengan más problemas de habitabilidad y de accesibilidad, lo que ha obligado a replantearse el calendario. En esos huecos se construirán después los nuevos edificios, en los que se realojará a los residentes cuyas viviendas van a sucumbir a la piqueta en la siguiente tanda. En un principio, el Gobierno vasco proyectaba para 2029 el fin de toda la operación, un plazo que también se ha visto afectado por el proceso de aprobación definitiva del PGOU. Culminará dentro de doce años tras una importante inversión institucional. Todo el proceso se estimaba con anterioridad en unos 75 millones de euros sufragados por ambas instituciones. Pero sólo la primera fase -incluyendo el bloque de 84 viviendas que se iniciará- costó unos 65, de los que el Gobierno vasco ha aportado 35. La que se iniciará en 2026 supondrá al menos otros 80 para las arcas públicas.

Quedará una bolsa de viviendas sobrantes que podrán destinarse al alquiler asequible. El Ayuntamiento ofrecerá a todas las familias afectadas varias opciones. Los propietarios no residentes recibirán una compensación por la expropiación. Los que vivan en el barrio podrán elegir entre quedarse con el dinero y marcharse a otro lugar -se negociará con ellos una cuantía- o abonar, en el caso de que existiese, la diferencia de precio entre su vivienda y el piso que se les ofrecerá. También habrá realojos de alquiler para los inquilinos y para quien lo prefiera.