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Que la covid-19 ha agudizado los problemas sociales no pasa desapercibido para nadie. Pero Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) han querido poner cifras a una realidad que necesita «soluciones». Y cuanto antes. Esta «primera radiografía ... social completa de la crisis provocada por la pandemia», en palabras de sus promotores, pone de relieve que uno de cada seis vascos sufre algún tipo de exclusión social. Son 360.000 personas, 54.000 más que en 2018.
En la presentación del informe, en la mañana de este jueves en la sala Ellacuría del Espacio Deusto, Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas y secretario técnico de Foessa, ha lamentado que las consecuencias del coronavirus han generado «un shock sin precedentes en la cohesión social», con 199.000 personas que padecen exclusión severa en Euskadi, ciudadanos afectados, «de manera intensa», por varias problemáticas a la vez, como la ausencia de empleo, problemas de vivienda,relacionales... De ellas, 100.000 forman parte de lo que denominan «sociedad expulsada», aquellos cuya única preocupación es sobrevivir día a día, llevarse algo a la boca. Se trata de una situación «extrema» que hace cuatro años afectaba a 20.000 personas y que «preocupa especialmente».
Son vascos con problemas graves tanto económicos como de acceso al empleo, al empleo, a la salud, a la vivienda... La última crisis ha incrementado esta situación tras «sacudir el mercado de trabajo», con la precariedad laboral grave en alza y alcanzando a «más de 115.000 hogares». «Son familias con una persona sustentadora que en el último año ha tenido tres o más meses de desempleo, tres o más contratos diferentes o trabajado en tres o más empresas distintas», ha detallado Flores, que ha estado acompañado en la presentación por Ana Sofi Telletxea, Responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Bizkaia. Esta situación ha pasado de afectar a un 2,3% de las familias en 2018 a crecer hasta un 10,3% en 2021. Los hogares en los que todos sus miembros están en paro, además, se han duplicado, y son ya 80.000.
Otro de los efectos de la exclusión que han detallado ha sido el de la vivienda. 113.000 familias están en situación de pobreza severa tras pagar el alquiler y la hipoteca, mientras que 52.000 residen en una casa inadecuada (con deficiencias graves en la construcción o los suministros, ubicada en entornos degradados...). También el ámbito de la salud se sitúa como una de las carencias más relevantes, ya que la reducción de los ingresos ha derivado en que 64.000 hogares tengan dificultades «para acceder a medicamentos, tratamientos o dietas».
A nivel de ánimo, la mitad de los vascos consideran que su estado mental es peor que antes del confinamiento, y 45.000 personas están solas. «No tienen a quien llamar si están enfermas o tienen alguna dificultad», ha precisado Flores, que ha querido «desmontar el estereotipo de que las personas pobres y en exclusión no hacen nada para salir» de esa vida. La investigación, en la que han participado una treintena de expertos de diez universidades, revela que «la inmensa mayoría de las personas se levantan cada mañana para luchar y sacar adelante a sus familias». Así, «ocho de cada diez tienen un nivel de activación muy alto», porque consiguen trabajar unas horas, se forman, participan en programas de inclusión...
Esto, ha reiterado, «desmienta el imaginario social que estereotipa a las personas como pasivas o desmotivadas». «Las prestaciones sociales -ha zanjado- no desmotivan a las personas que quieren salir; la 'paguita' no hace que nadie se quede en casa sin querer salir adelante».
En ese sentido, Telletxea ha reclamado «mejorar la cobertura de la RGI y del Ingreso Mínimo Vital, para que alcance al máximo de situaciones de pobreza». Una de las soluciones pasa, ha dicho, por «reimpulsar el modelo de Estado de Bienestar, poniendo en el centro a la persona, favoreciendo el acceso a la vivienda, a unos ingresos mínimos, al empleo digno...» y en implementar medidas «que reduzcan la precariedad laboral y que acaben con las situaciones de irregularidad».
Asimismo, cree necesario «abordar y reducir» las cinco brechas que caracterizan la exclusión social en Euskadi:
Desde la crisis de 2008, la diferencia entre las familias que ganan más y menos ha aumentado un 18%. «En un edificio de cinco plantas, los vecinos de la quinta, los de más ingresos, aumentan sus rentas un 20%, frente a la reducción del 3% de los ingresos de los vecinos del primer piso», ha explicado Flores. En esa planta más baja están, sobre todo, «mujeres, familias con menores a su cargo, jóvenes e inmigrantes».
Las familias encabezadas a nivel económico por hombres , la incidencia de la exclusión es del 15,5%, frente al 18,1% sustentados principalmente por mujeres. En el caso hogares monoparentales cuya única persona al frente es una mujer, roza el 32%.
«Ser extranjero es uno de los principales factores de exclusión», subraya el informe. Seis de cada diez hogares de inmigrantes están en exclusión, cinco veces más que las familias de origen nacional. «La población migrante acumula más dificultades en esta nueva etapa, ya que duplica la tasa de paro total, y sufre una mayor afectación de problemáticas en la vivienda», precisa la investigación.
Los menores de 30 tienen una tasa de exclusión 1,5 veces superior a la media y 10 veces superior a la de la población mayor de 65 años. «Han sufrido dos mazazos importantes en su desarrollo vital», ha destacado Flores, en referencia a la crisis de 2008 y la de la covid-19. En los hogares con menores a su cargo, esta situación asciende al 28%, frente al 9% en familias sin hijos de menos de 18 años.
Es un factor que «irrumpe con fuerza debido a la aceleración de la digitalización». Casi la mitad de los hogares en exclusión social sufren «apagón digital». Esto supone que 64.000 familias viven la brecha digital «de manera cotidiana». Genera, además, «dificultades especialmente serias» para más de 24.000 , «que han perdido oportunidades para mejorar situación».
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