Plantean una renta mínima universal para sacar a 132.000 vascos de la pobreza

Unicef y Cáritas debatirán en la tarde de este miércoles sobre nuevas fórmulas para terminar con la pobreza. En Euskadi, 132.000 personas se encuentran en una situación «grave», ha precisado Ana Sofi Telletxea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de la organización católica en Bizkaia, una cifra que «ha ido creciendo desde la crisis de 2008». Las ayudas no llegan a todo el que las necesita, y «mientras el 60% de la población» mejora su nivel de vida, las dificultades del otro 40% se van cronificando. De ahí que desde la entidad vinculada a la Iglesia apuesten por implantar una renta mínima para todos los ciudadanos y que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reclame la puesta en marcha de un apoyo económico de 1.200 euros al año por hijo, ya que los hogares con menores a su cargo son «los más vulnerables».

Gabriel González-Bueno, especialista en Incidencia Política y Estudios de Unicef España, ha explicado en un encuentro con la prensa previo a las jornadas que se celebrarán a las 19.00 horas en BBK Kuna que ese apoyo se realizaría a través de deducciones fiscales reembolsables para que sea compatible con otras ayudas. En ese sentido, ha precisado que las personas que no están obligadas a hacer la declaración de la renta por disponer de bajos ingresos no perciben las reducciones que aplica Hacienda por descendientes.

«La realidad es que se benefician de las deducciones las familias de renta media y alta», ha subrayado. «El 60% del gasto en prestaciones familiares» en España, ha dicho González-Bueno «llega a través de la declaración de la renta», lo que deja fuera a los más necesitados. De hecho, ha detallado, los únicos cinco países que no tienen una prestación universal para la infancia -han analizado 23- son «España, Nueva Zelanda, Grecia, Portugal y República Checa».

Para revertir esa situación, manejan «cuatro escenarios», todos ellos con la citada aportación anual de 1.200 euros hasta la mayoría de edad del hijo. En «la más ambiciosa», esa cuantía sería compatible con el resto de deducciones que se aplican en la actualidad (el mínimo por hijo, la que afecta a menores de 0 a 3 años, por familia numerosa...). Costaría 11.000 millones anuales y los «trámites burocráticos» y los «requisitos», dos de las grandes barreras, «serían más ágiles». «En Estados Unidos, Biden amplió la prestación cuando llegó -3.600 dólares anuales por menor hasta los 6 años y 3.000 a partir de esa edad- y nunca se había reducido tanto la pobreza», ha ejemplificado.

Tanto González-Bueno como Telletxea han insistido, eso sí, en que lo idóneo sería desvincular las prestaciones del mercado laboral. «Es una visión más transformadora. No se puede seguir haciendo más de lo mismo porque no funciona. Hay que dar un salto hacia la incondicionalidad y la universalidad de las rentas, independientemente del trabajo», ha lanzado la responsable del observatorio de Cáritas, que apuesta por instaurar «una renta mínima» que sea una «garantía», como «la educación y la sanidad».

En esa línea, ha apuntado, debemos asumir un «derecho a tener una mínima calidad de vida» especialmente en un contexto en el que «el trabajo no es lo que parecía que iba a ser», puesto que «la precariedad laboral» deja a muchas personas con un empleo «en el límite» de la pobreza.

También ha recalcado que, en el País Vasco, hay «113.000 familias que no son pobres a comienzos de mes, tienen unos ingresos, pero sí a finales, cuando han tenido que hacer frente a los gastos de vivienda». Esos hogares, «al superar los ingresos» que establecen las diferentes ayudas sociales, «quedan fuera» de esas subvenciones y «están en una situación de pobreza pese a tener trabajo».

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