La última fábrica de Bilbao retrasa su salida de Zorroza por un problema urbanístico

Sader es la última fábrica con un potencial altamente contaminante que queda dentro del casco urbano de Bilbao. La factoría de fertilizantes y tratamiento de residuos de Zorroza es una de las dos únicas instalaciones industriales de la capital vizcaína que requieren de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) especial para su funcionamiento. La otra es Zabalgarbi y se ubica en el monte Arraiz, relativamente lejos del núcleo habitado más cercano. A menos de 60 metros de la chimenea de Sader hay varias viviendas, por lo que la necesidad de su traslado es un debate que lleva abierto más de una década.

Hace tres años, el Ayuntamiento y la firma de abonos rubricaron un acuerdo que allanaba el camino para su salida y fijaba un plazo máximo de dos años para el cese de la actividad, a partir de la aprobación de un nuevo planeamiento urbanístico para Punta Zorroza. El Consistorio aseguró entonces que el objetivo era cumplir con ese trámite «en el segundo semestre de 2016», por lo que, según la hoja de ruta que manejaban los responsables municipales, el adiós de la fábrica debería producirse antes de que finalizase este mismo año.

Sin embargo, las previsiones no se cumplirán. A día de hoy no hay una fecha en el horizonte para que la empresa de fertilizantes baje la persiana en Bilbao y se traslade fuera de la ciudad. ¿El motivo? El Ayuntamiento no ha cumplido aún con uno de los puntos clave del convenio, ya que no ha sacado adelante el plan de regeneración de la zona. El principal obstáculo, el escollo por ahora insalvable, es el soterramiento de la vía férrea de Renfe a su paso por este rincón de la villa. El coste de las obras es muy elevado y supone una carga inasumible para el principal propietario de la pastilla de terreno (la Autoridad Portuaria). Por este motivo, el Consistorio reconoce que se están buscando alternativas de financiación. Una posible solución sería que el Gobierno central, gestor de la infraestructura ferroviaria, acabe aportando fondos para excavar el túnel necesario. Desde la institución local admiten que «se está hablando de este asunto con Madrid».

Entretanto, los vecinos no ocultan su malestar. «Es una tomadura de pelo», aseguran desde la asociación El Canal, que agrupa a los residentes en la zona de San Ignacio. «En 2015, cuando el Ayuntamiento y la empresa llegaron al acuerdo, todas las partes nos trasladaron que esto se acabaría en 2018. Y ahora vienen con estas», lamenta Ismael Redondo, presidente del colectivo. «El viento suele enviar todo el humo de la chimenea a nuestras casas, que están a unos 200 metros de distancia, al otro lado de la ría. Huele mal y sabemos que se queman sustancias peligrosas. Nos preocupa y vamos a tener que volver a movilizarnos», advierte.

Lo curioso del caso es que Sader tiene voluntad de marcharse. Cree que una nueva ubicación le permitiría funcionar de una manera más productiva, rentable y respetable con el entorno. «Somos conscientes de que molestamos», dicen. «Lo normal es que una actividad como la nuestra esté ubicada en otro emplazamiento». La dirección de la compañía desea modernizar su planta, pero para eso necesitan salir de Zorroza, porque la fábrica está fuera de ordenación desde 1995. Es decir, debido a su calificación urbanística actual no pueden ejecutar ningún cambio ni mejora en las instalaciones.

La compañía cuenta que tiene «las maletas preparadas». Todos los estudios técnicos están listos, así como un informe que ha identificado varias localizaciones posibles. El gran problema es la falta de financiación. Sader necesita imperiosamente los 2,7 millones de euros que le pagará el Ayuntamiento por su marcha como indemnización. Sin esa suma (o un aval por idéntica cantidad), el proyecto de salida es inviable. Y esa cantidad de dinero sólo será efectiva cuando los trámites urbanísticos avancen y el cambio en el planeamiento sea definitivo.

En realidad, la marcha de Sader parece ahora una pescadilla que se muerde la cola. Sobre todo desde que fracasó el plan para trasladarse al Puerto. En 2014, la compañía adquirió los derechos para instalarse en una pastilla de la zona franca que ocupaba con anterioridad una planta de biocombustibles. Sin embargo, no pudieron cumplir con los requisitos ambientales en materia de vertido de aguas, ya que el Puerto carece de un colector para canalizar estos residuos.

La empresa no descarta salir fuera de Euskadi. «Aunque nuestros 80 trabajadores son de aquí (el 70% de Zorroza), con lo que no tendría sentido irse muy lejos, pero hay varias ubicaciones en mente. Habra que verlo cuando llegue el momento».