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Los cuerpos de auxilio judicial, gestión y tramitación, además de los médicos forenses, están llamados desde hoy a una huelga general indefinida. Estos funcionarios, que comenzaron la tercera semana de abril sucesivas jornadas de protesta, han aumentado la intensidad de los paros ante la imposibilidad ... de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y el Gobierno vasco.
Estos trabajadores son fundamentales para que actividades como las notificaciones electrónicas, los escritos de trámite o la firma de documentos puedan realizarse con normalidad. «Dentro no hay nadie, solo profesionales esperando a ver si se van a celebrar sus vistas», explicaba este lunes por la mañana una abogada en la puerta del Palacio de Justicia.
Según el Gobierno vasco, este lunes han secundado la huelga el 40% de los trabajadores. Sin embargo, desde CC OO elevan esa cifra al 70% y amenazan que, de continuar con la huelga, cada mes se suspenderán «unas 5.000 vistas».
Desde el ejecutivo autonómico, en cambio, no dan credibilidad al dato ya que «un juicio puede dejar de realizarse por numerosos motivos». En cambio, sí que confirman que durante la semana pasada -en la que los funcionarios pararon tres días- se realizaron 90.000 operaciones menos que durante el mismo periodo en 2022. Esto supone una paralización del 40% de las actividades a las que se dedican los funcionarios de Justicia.
El Gobierno vasco ha convocado a las secciones sindicales de ELA y LAB el martes por la mañana apara debatir una propuesta. Sin embargo, los sindicatos abertzales, que celebraron ayer una asamblea, la ven incompleta y «con muchas cosas por atar». Se refieren, entre otros argumentos, a que no retribuye de la misma manera a todo el funcionariado y que condiciona la equiparación retributiva a «un empeoramiento de las condiciones de trabajo».
Desde el ejecutivo autonómico confían en llegar pronto a un pacto ya que «está dentro de los compromisos de Gobierno». Sin embargo, explican que hasta que no se alcance un acuerdo con el Ministerio de Justicia, no sabrán cuál es la base desde la que partir en Euskadi, ya que, aunque es el pagador, solo le corresponde establecer un tercio del salario.
«Los juzgados están colapsados. Algunos funcionarios de Justicia vienen y no trabajan. Otros, cuando quieres información sobre si se va a celebrar un juicio, responden mal. Esta huelga supone la paralización de miles de euros». Así se expresaba este lunes por la mañana una producadora en el Palacio de Justicia de Bilbao.
De hecho, en el interior del Palacio el bullicio habitual se ha visto sustituido por un goteo de personas que acudían sin saber si iban a ser atendidas. «Tengo que comparecer en un juicio y todavía no sé si se va a celebrar», ha asegurado Germán, un jubilado a quien han «obligado a venir». La pantallas que facilitan la información sobre la situación de las salas han intercalado durante toda la mañana el estado de las vistas que se estaban celebrando 'en hora', la mitad aproximadamente, por aquellas que se han 'suspendido' o 'aplazado'.
«Nos está perjudicando mucho. En mi caso, esta mañana no me ha afectado porque tenía un despido y estos supuestos los están cubriendo los servicios mínimos», explicaba otra abogada afectada por los paros. En los puestos de atención al público de las diferentes salas los asientos vacíos con carteles en los que se leía 'huelga en justicia' eran recurrentes.
A partir del martes los trabajadores están llamados a continuar con las huelgas y convocados a una concentrarse frente a los juzgados a las 11:30. Según explican desde los sindicatos, será la primera concentración conjunta entre CC OO y los sindicatos nacionalistas (ELA y LAB) desde empezaron las protestas.
Mientras desde ELA y LAB dirigen sus protestas hacia el Gobierno vasco, CC OO lo hace ante el Ministerio de Justicia. Los primeros solicitan un incremento retributivo anual cercano a los 4.000 euros, que varía en función del cuerpo judicial. Los segundos, en cambio, reclaman al Gobierno central una subida salarial en línea a la aprobada para los letrados.
Los agentes de Justicia pasaron a depender de Euskadi en 1996. Sin embargo, aunque están remunerados por el Gobierno vasco, a la administración autonómica solo le corresponde establecer el complemento específico, que ronda un tercio del sueldo. Los sindicatos suscribieron un acuerdo con el Gobierno vasco hace diez años que contemplaba la subida salarial. Sin embargo, esta continúa sin actualizarse.
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