El Tribunal Superior ampara el despido del exsecretario de la patronal del comercio

El fallo subraya la «gravedad» del comportamiento de Ruiz al negarse a «otorgar la información salarial y retributiva» solicitada por el tesorero de la junta directiva saliente de las elecciones celebradas en marzo de 2021. El dictamen juzga «inaceptable» el rechazo a la entrega de la documentación requerida. Entiende que sus superiores tenían la obligación de «conocer, controlar y supervisar» cualquier dato concerniente a las remuneraciones de su personal «o más concretamente del demandante».

Julián Ruiz, que apoyó en los últimos comicios la plancha liderada por Aingeru Alonso y Luis Rodríguez, rivales de Campo, se puso un salario anual de más de 110.000 euros. Frente a esta situación, Cecobi le interpuso una querella criminal por la comisión de, «al menos», tres delitos: falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal. La junta directiva alegó un «manifiesto abuso de confianza» en las gestiones encomendadas a Ruiz, además de un «enriquecimiento injusto», para justificar su despido «disciplinario».

Ruiz recurrió el despido dictado por el Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao en octubre del año pasado. El alto tribunal vasco no solo ha desestimado ahora tal petición, sino que establece que la «peculiaridad de esta relación laboral especial» de alta dirección «puede extinguirse» mediante un despido basado en un «incumplimiento grave y culpable» como el cometido por Ruiz. El fallo del TSJPV incide en que el exsecretario general, que comenzó a prestar servicios en Cecobi en marzo de 2006 y contaba con libertad de horario, «sin estar sometido a la obligación de fichar», a diferencia del resto de empleados, se negó de «forma reiterada» a facilitar todo tipo de datos sobre los sueldos de la plantilla.

El Superior ratifica que los incrementos salariales que se aplicó nunca contaron con «el beneplácito» de la junta directiva, «por mucho que exista una realidad inicial pactada y unos sucesivos anexos de suscripción, hasta con algún beneplácito accidental» registrado en 2015. «Efectivamente, de la comprobación de las nóminas existen cobros y conceptos que aparentan falta de justificación», incide la sentencia, tras concluir que el aumento salarial de Ruiz no fue «acordado, decidido, pactado y gestionado» por la junta directiva de Pedro Campo.

El presidente, que acusó al que fuera su mano derecha de «intentar asaltar» Cecobi para hacerse «con el poder de la organización y hacer de su capa un sayo», con el apoyo de Alonso y Rodríguez, se ha felicitado por esta «nueva victoria judicial». Recuerda que es la tercera cosechada por su equipo después de que los jueces legitimaran en octubre de 2022 su triunfo en los últimos comicios. Campos, que ostenta la presidencia de forma ininterrumpida desde 2008, recuerda que posteriormente el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao volvió a darle la razón al ratificar que la marca Amubi, que engloba a la asociación del comercio minorista del mueble, presidida por Luis Rodríguez hasta el pasado febrero, es propiedad de Cecobi. «Así ha sido siempre y así continuará siendo», aplaudió Campo.

El despido procedente del ejecutivo librará a Cecobi de tener que abonarle indemnización alguna. Contra la sentencia del Superior cabe el recurso de casación ante el Supremo. Sin embargo, según Jorge Romero, abogado de Cecobi, tiene «mínimas posibilidades de éxito». El equipo de Campo estudia reclamar a Ruiz por la vía civil una indemnización en concepto de daños y «perjuicios» por valor 340.000 euros.