Tres víctimas de abusos en la Iglesia vizcaína llevan sus casos a la Fiscalía

Desde la oficina de protección de menores explican que las víctimas que se ponen en contacto con ellos, en ocasiones, piden «denunciar el caso en los tribunales independientemente de cuál sea el recorrido posterior». Algunas veces pueden ser «casos punibles» y otras «ya prescritos» que, a pesar de ello, «quieren ser denunciados» por los afectados porque para ellos «es la manera de decir fuerte y alto lo que pasó». No han aclarado, en cualquier caso, si esos tres abusos están dentro de los plazos para ser investigados o son más antiguos.

El director de la comisión, el sacerdote José Enrique Varas, recalca que cada víctima tiene unas «heridas diferentes», por lo que sus necesidades no son las mismas. «Nosotros estamos para intentar ayudar, en la medida de nuestras posibilidades», sostiene. A lo largo del pasado año, abrieron siete expedientes referentes a otras tantas personas afectadas, víctimas de nueve agresores. Con los datos que recoge la última memoria, se elevan a 46 los casos investigados y a medio centenar los agresores señalados desde que se pusiera en marcha este grupo de trabajo hace casi seis años.

Varas subraya que, si bien son «pocos» expedientes en relación con los primeros años de trabajo de la comisión, «solo uno ya sería mucho». Según el balance de 2024, al menos cuatro de los nueve acusados continúan con vida, dos han fallecido y de los tres restantes «se desconoce la identidad o faltan datos». «Hay que decir que el hecho de que el agresor siga vivo no significa que el delito sea punible, sino que puede haber prescrito por el paso del tiempo», aclaran.

Los expedientes abiertos a lo largo de 2024 incluyen abusos cometidos por cinco sacerdotes de congregaciones religiosas, dos curas dependientes de la Diócesis de Bilbao, uno de otro obispado y un laico, todos hombres. Por primera vez, se ofrecen algunos datos -mínimos para preservar su intimidad- del perfil de los damnificados. Cuatro de los afectados por los abusos fueron varones, mientras que las tres restantes, mujeres. En el momento de los hechos, cuatro eran menores de edad y tres ya habían superado los 18 años.

«Los casos o expedientes y las cifras son para nosotros personas que conocemos y acompañamos», insiste Varas, que recuerda la existencia del Plan Priva de la Conferencia Episcopal, ya que algunas víctimas solicitan «una reparación económica» en casos «que están prescritos» o en los que el agresor «ha fallecido».