Tres decisiones que pusieron contra las cuerdas a la entidad benéfica

Hasta la fecha se sabía que la DYA había estado haciendo negocios en Cataluña y Aragón, entrando en concursos públicos para la gestión de ambulancias. En 2019, la entidad benéfica se asoció con su homónima en Cantabria y con una firma privada (Ivemon Egara) para optar a un contrato de 42 millones de euros en Aragón.

El Gobierno de aquella comunidad le otorgó la encomienda pero el problema vino cuando la alianza de empresas tuvo que presentar la obligada garantía por un importe del 5% del importe total del contrato. A la DYA le tocaba comprometer un millón de euros y había problemas de liquidez evidentes, dada la situación con Eulen. Según el administrador concursal, lo que se hizo entonces fue avalar la suma con la sede de Alameda de San Mamés. De esta forma se obtuvieron los recursos necesarios para entrar en Aragón.

La DYA acabó saliendo del negocio muy poco tiempo después. Y ahora viene lo que no se conocía y que el administrador concursal deja claro en su informe: «Dicha operación supuso una pérdida de 400.000 euros reflejada en la contabilidad pero consiguieron la liberación de las cargas sobre los inmuebles de Alameda de San Mamés».

Que la DYA tiene un problema con su actual sede ya se sabía. Es un enorme local en las torres de Garellano en alquiler. No pertenece a la entidad benéfica. La asociación paga 120.000 euros al año (actualizables al IPC). El contrato no se puede romper hasta 2044 y los actuales gestores quieren que se anule porque consideran que lo firmó el anterior presidente sin ningún tipo de respaldo.

Todo esto ya se conocía, pero el trabajo del profesional de Price Waterhouse Coopers ha sacado a la luz dos matices que permanecían ocultos. El primero es que la DYA, además del alquiler, asume el pago del IBI. Algo llamativo porque a este impuesto le tiene que hacer frente el propietario del inmueble y no el arrendador. La otra 'sorpresa' es que la reforma también la ha pagado la ONG, que invirtió 1,2 millones de euros. Lo novedoso es que para conseguir esa liquidez se hipotecaron hasta 7 fincas que la DYA posee.

El gran fiasco en la gestión de la DYA fue la firma del acuerdo con Eulen. Al entrar en concurso se debían aún 4,27 millones de euros, pero es que esta operación se ha refinanciado hasta en cinco ocasiones a lo largo de los años. Así lo destaca el administrador concursal que advierte de los gravosos intereses (en algunos momentos han llegado al 6%) que está teniendo que afrontar la asociación creada por Juan Antonio Usparitza. El profesional que está gestionando el concurso de acreedores sugiere que una parte de la operación con Eulen se basó en el famoso fondo de comercio, «totalmente indeterminado y desprovisto de toda justificación».