Transportes 'ocupará' terrenos para estudiar si el TAV puede llegar a Navarra por Gipuzkoa

Aunque la decisión de que el trazado se ejecutará por Vitoria está prácticamente tomada en base a criterios técnicos y económicos, Puente anunció una ampliación de los estudios geológicos que se estaban realizando desde abril del año pasado en la sierra de Aralar. Allí debería abrirse un túnel de 21 kilómetros si se opta por llevar la alta velocidad a Pamplona desde la localidad guipuzcoana de Ezkio-Itsaso, y la información obtenida hasta ese momento sobre los terrenos era «superficial».

El Gobierno central, el vasco y el navarro se han comprometido desde entonces a que cuando el estudio adicional esté disponible anunciarán oficialmente de una vez por todas si la ruta elegida es la alavesa o la guipuzcoana. En una comparecencia conjunta en Pamplona el pasado septiembre, el lehendakari Imanol Pradales y la presidenta María Chivite llegaron a pedir que las labores técnicas se desarrollen con celeridad, pero casi tres meses después del anuncio realizado por el ministro Puente, las pruebas geológicas no han empezado.

La razón es el rechazo social y político que los técnicos del ministerio se han encontrado en el entorno de Aralar. Según las fuentes consultadas son «numerosos» los vecinos y los ayuntamientos –todos de la zona navarra– los que se han negado a autorizar que los geólogos entren en terrenos de su propiedad para poder hacer catas o acceder a otras zonas.

Inicialmente el Gobierno pensó que podría solventar la situación realizando las labores en parcelas de titularidad pública –tramos de carretera, entornos de torretas eléctricas...–, pero la complicada orografía de la zona requiere labores mucho más exhaustivas. «Son sondeos muy singulares, a mucha profundidad, que necesitan unos cuantos meses», explicaba la semana pasada en la Ser el secretario de Estado de Transportes, el exalcalde de Irún José Antonio Santano. También calificó como «conflictivo» el proceso para intentar hacer las catas.

Tal es la resistencia encontrada que el ministerio ha tenido que buscar una base legal para entrar a las parcelas. Según ha podido saber EL CORREO, la Abogacía del Estado ha avalado esta misma semana que los técnicos 'ocupen' de forma temporal los terrenos que consideren necesarios para llevar a cabo las labores geológicas. La previsión es que los sondeos puedan arrancar este mes, según apuntan fuentes conocedoras del proceso.

No es la primera vez que algo así ocurre en una obra pública, y mucho menos en las de la alta velocidad en Euskadi y Navarra. Una de las razones del retraso que acumula la 'Y' vasca es precisamente las trabas que pusieron antaño ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale. Aquello se fue solventando ejecutando expropiaciones, es decir obligando a propietarios públicos y privados a vender sus parcelas al Estado. Pero en este caso no se puede.

No se puede porque la conexión que llevará el TAV de Euskadi a Navarra carece aún de proyecto definitivo. El proyecto se encuentra aún en la fase previa, en la de aprobar el estudio informativo. Y para eso las administraciones deben decidirse entre Álava o Gipuzkoa para el trazado. Es por eso que el Gobierno central ha tenido que buscar otra figura jurídica que le permita trabajar sobre el terreno, y parece haberla encontrado. Por lo menos, la Abogacía del Estado ya ha dado luz verde a que la operación eche a andar al considerar que existen argumentos sólidos.

La demora de todo este proceso, que no se sabe cuándo puede estar culminado, es el que ha llevado a Transportes a dividir en dos el proyecto. Mientras la decisión sobre Vitoria oEzkio-Itsaso se mantiene en 'stand by' hasta que culminen los sondeos, el ministerio quiere acelerar el diseño del tramo que irá de Alsasua hasta el entorno de Pamplona, que tendrá el mismo diseño independientemente del recorrido por el que llegue el TAV desde el Euskadi. Margen hay aún porque las últimas estimaciones calculan que la conexión entre Pamplona y Zaragoza que permitirá conectar la 'Y' vasca con el Corredor Mediterráneo no estará lista antes de 2031.