Las trabajadoras de ayuda a domicilio se desnudan en el pleno en protesta por sus malas condiciones laborales

El asunto llegó al pleno de este jueves de la mano de una proposición del PP, donde se pedía que el gobierno municipal mediase para solucionar el conflicto que mantiene el convenio colectivo congelado. El popular Carlos García recordó que el SAD es un servicio «especialmente importante» y vital para la calidad de vida de personas mayores y con discapacidad. Se trata de una asistencia que, fundamentalmente, retrasa el ingreso en residencias de estas personas haciendo posible que se queden en su hogar. 3.414 bilbaínos (dato a 31 de diciembre) son asistidos en sus hogares por 854 trabajadoras que les procuran «una vida digna». Para García se trata de gente que se implica «mucho más» de lo que marca el trabajo y únicamente reclaman «condiciones salariales justas y adecuadas».

Que no las consigan no tiene tanto que ver con lo que paga el Ayuntamiento como con cuál es el destino de ese dinero. En estos momentos el área de Acción Social abona 34 euros por hora, seis más que en 2020. «Sin embargo, las trabajadoras siguen percibiendo 15,5», aseguró García. Esto es, menos de la mitad. El resto que va a beneficio empresarial, estructura, teléfono, ropa... Con todo, el coste esencial es el de los sueldos, que se llevan el 80% del presupuesto, según el concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe.

Fue en ese momento cuando las trabajadoras que habían entrado en el salón plenario y que estaban en la zona del público comenzaron a gritar «¡Convenio ya!», preguntándose también «¿Qué pasaría si fuesen hombres los que trabajasen aquí?». A lo largo del pleno vitorearon varias intervenciones, se desnudaron y finalmente el alcalde, Juan Mari Aburto, ordenó su desalojo.

Con todo, el lío que se montó terminó determinando la resolución que se votaba. En un principio, los populares habían aceptado una enmienda del equipo de gobierno en la que se rechazaba la posibilidad de mediar en el conflicto y únicamente instaba a que el contrato municipal del SAD determinase «con rigor» la totalidad de los gastos en los que incurre el servicio «considerando unas condiciones laborales dignas de las personas trabajadoras, los gastos generales y un margen de beneficio empresarial justo, para garantizar la calidad en el servicio ofrecido».

Pero luego, el propio alcalde pidió incorporar una nueva redacción que incluyese que el gobierno municipal también insta a empresas y sindicatos a «firmar un convenio y si ello no fuese posible» a «que soliciten la mediación del Gobierno vasco». Supone un salto cualitativo porque, aunque el concejal de Acción Social dijo que el Ayuntamiento no tiene competencias en mediación laboral al ser éstas del Gobierno vasco, a nadie en la oposición se le escapaba que como empleador (se gasta 18 millones de euros al año en el SAD) sí tiene capacidad de intervención por vías más o menos directas.

Al final, los partidos de gobierno PNV-PSE y el PP votaron a favor de la proposición, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se abstuvieron. Para la soberanista Alba Fatuarte se mantiene una «equidistancia» entre las empresas y las trabajadoras que no es justa. «Hay que asegurar que ese dinero va a mejorar las condiciones laborales, después de ocho años no podemos seguir soportando esta situación». Así que pidió «solidaridad con las trabajadoras, que acabamos de ver que están hasta las tetas». Desde la formación morada, Xabier Jiménez llamó la atención sobre el hecho de que las subidas en el precio de los últimos años hayan ido «a aumentar los márgenes de las patronales» y no a mejorar las condiciones de las trabajadoras.

En lo que todos estaban de acuerdo es en que el SAD es un servicio esencial y que las 854 mujeres que cuidan a los mayores más vulnerables deben disfrutar de unas condiciones dignas.