Los tenderos del mercado de La Ribera se rebelan por pagar «el triple» que los gastrobares

Jacinto Cundín, un histórico del mercado que regenta una pescadería desde 1988, paga 1.700 mensuales por su mostrador en la segunda planta. «Con la reforma, pasamos de tener beneficios a grandes pérdidas. Ahora hay que pagar gerencia de limpieza, seguridad... Hubo unas subidas impresionantes y en estos momentos es una salvajada», explica. Cerca trabaja Ana Lorenzo, compañera de madrugones desde hace treinta años. «Cada vez hay más gastos y no se nos tiene en cuenta. Cuando la gestión la cogió el Ayuntamiento, pedimos que los puestos de pescado fuéramos juntos, a todo se nos dijo que sí, pero ni nos respetaron ni nos consultaron. Nos salió carísimo. Ahora pagamos tres veces más que antes y encima el mercado no es funcional. Nos dijeron que cuando pusieran los gastrobares, nos iban a bajar las rentas y tampoco ha sido así». En la carta -firmada por el 90% de los comerciantes-, también reprochan presuntos «privilegios» a los nuevos operadores frente a los tradicionales, el «alma» del mercado. «Parece que los comerciantes molestemos. Nos sentimos maltratados. Algunos llevamos toda la vida aquí. Y queremos al mercado porque es nuestra vida».

Su malestar ha prendido especialmente desde que algunos de los gastrobares comenzaran también a vender vinos, quesos y carne para llevar, y el Ayuntamiento defendiera que lo pueden hacer porque también son «gastrotiendas». «Creemos que es competencia desleal», critican. Así que están dispuestos a tocar la puerta de la Autoridad Vasca de la Competencia y a llegar hasta los tribunales si la situación no se corrige. También quieren tener menos peso en el reparto de los gastos comunes: consideran que utilizan el mercado 6.000 horas menos al año que los hosteleros y que, sin embargo, se les imputa un mayor porcentaje. Por otro lado, la cuenta de gastos es «discutible», explican en su escrito de queja a Bilbao Zerbitzuak. Se les achacan 200.000 euros en personal y unos gastos de limpieza de 24,7 euros por hora. «Así, normal que seamos deficitarios y no quieran bajarnos la cuota», explica el panadero Asier Beato. Otro de los puntos de fricción es la instalación de un sistema de máquinas individuales de refrigeración. Rechazan asumir su coste, de unos 15.000 euros por cabeza, al ser «un servicio que tenemos por contrato». De hecho, esta es otra de las peticiones expresas.

La versión de la concejala de Salud y Consumo, la socialista Yolanda Díez, es bien diferente. Argumenta que «no tienen nada que ver la concesión de los gastrobares con las demás. Son espacios diferentes en momentos históricos diferentes. Actividades distintas con distintas regulaciones. No se pueden mezclar. Lo que pagan los comerciantes es un precio público que aprueba el Ayuntamiento. Lo que abonan el resto de operadores es el resultado de un concurso público derivado de un pliego de condiciones aprobado por el consejo de administración de la sociedad, donde también están todos los partidos». La concejala precisa que «hay un diálogo continuo e intenso con ellos, así que no entiendo su enfado. Tienen línea directa con nosotros y reuniones frecuentes». Bruno Zubizarreta, consejero de EH Bildu en la sociedad, afirma en cambio que existe un conflicto permanente y considera que el acuerdo es posible «si existe voluntad política». Óscar Fernández Monroy, del PP, precisa que el problema es «consecuencia de una gestión anterior nefasta», que ha derivado en la desconfianza de los comerciantes por los diferentes «agravios sufridos».