Técnicos de Bilbao denuncian sin usar medidor a coches por exceso de ruido

En principio, si el análisis determina que no excede los niveles de ruido, el conductor no tendrá que hacer nada más y se podrá ir a casa sin sanción. Si supera el tope máximo permitido -dos decibelios por encima del límite establecido para cada tipo de vehículo- tiene un plazo de tiempo para corregir las deficiencias. Si no lo hace, o no se presenta en el taller municipal antes de 15 días, recibirá una nueva carta advirtiéndole de que, si sigue sin hacer caso al requerimiento, se iniciará el proceso sancionador que puede derivar en una multa de 300 euros.

Fuentes oficiales del área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao afirman que esta práctica se viene realizando desde que entró en vigor la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente, que fue aprobada en el año 2000. Es más, aseguran que se hace incluso «desde hace 30 años». Se trata de inspectores municipales que trabajan «a pie de calle» y que reflejan los «casos flagrantes», insisten los mismos medios. Estos trabajadores no vigilan sólo los niveles de ruido, también se encargan de controlar los humos.

Esta práctica, desconocida para una parte importante de los bilbaínos, ha generado un notable malestar entre los conductores afectados. Por varios motivos. Una de estas personas explica que vive fuera de Euskadi y que tuvo que viajar expresamente hasta Bilbao para pasar la inspección. En la carta que recibió -que se puede leer en la imagen de la derecha- se especifica que el inspector observó al vehículo en una hora y en una calle determinada de Bilbao. Además, se apunta que, según el «criterio» del trabajador municipal, ese coche «emite ruidos que podrían superar los límites permitidos». Y le dan un plazo de 15 días para presentarse en las dependencias de Elorrieta, aludiendo al artículo 76 de la ordenanza de medio ambiente.

No es el único conductor que se ha sorprendido al recibir una carta de estas características. Todos las fuentes consultadas insisten en lo mismo: no entienden que se pueda hacer un requerimiento de inspección e iniciar un proceso sancionador sin ningún tipo de prueba material.

De hecho, el año pasado un ciudadano recurrió al Ararteko tras recibir una sanción de estas características por el ruido que emitía su moto. Esta persona no se presentó a pasar la inspección en el plazo de 15 días. Tras una segunda notificación, la resolución se publicó en el Boletín Oficial y el ciudadano fue sancionado con 300 euros. Fue ahí cuando -dice- se enteró del expediente. Llevó la moto a ser inspeccionada y se comprobó que estaba en regla. El Ayuntamiento remitió después un escrito al Ararteko en el que confirmó la anulación de la sanción económica