La tala «salvaje» de un bosque en Abanto, impune por un error de la Diputación

Ahora, casi tres años después del incidente, la tala, que fue calificada de «salvaje» por Indaz y de «intencionada» por la Diputación, ha quedado impune. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la multa de 52.360 euros impuesta al apreciar graves irregularidades en la instrucción del expediente administrativo. Los jueces han fallado contra la Diputación y han dado la razón a Bosques de Trasmiera S. L., anulando la multa . En la sentencia, a la que ha tenido acceso ELCORREO, los magistrados consideran que la deficiente actuación foral invalida el procedimiento e «impide enervar la presunción de inocencia» de la supuesta infractora. El fallo es firme, ya que no ha sido recurrido por el departamento dirigido por Elena Unzueta, que «respeta y acata la fundamentación esgrimida por el TSJPV».

De esta forma, la tala queda sin castigo. Las arcas forales sólo ingresarán 1.589 euros por una infracción de la Ley de Pesca Fluvial que guarda cierta relación con el caso, al haber resultado un río afectado por la caída de la madera. Este otro expediente finalizó con una sanción de 602 euros más una indemnización de daños y perjuicios por importe de 987 euros. Bosques de Trasmiera recurrió también a la Justicia, aunque, en esa ocasión, los magistrados le dieron la razón a la institución foral.

Entrando al detalle de la sanción de 52.360 euros anulada, la clave del asunto reside en la deficiente confección del expediente administrativo. Los jueces destacan que el acta levantada por el agente forestal que se personó en el lugar para certificar los daños ni siquiera fue aportado durante la fase administrativa, lo que califican de «inexplicable». Este documento, escrito a mano y con un croquis de la ubicación de los árboles talados, documentaba la matarrasa realizada y, aunque no cifraba en un número tan elevado (3.000 ejemplares) los troncos aserrados (se hablaba de varios cientos), contaba con un valor probatorio muy importante.

Así lo destacan los jueces: «Por sí solo podría tener el alcance de destruir la presunción de inocencia». Es decir, hubiera sido suficiente para cerrar el caso con una condena. Sin embargo, este informe sólo aparece en la fase judicial. La Diputación (posiblemente consciente de su error) citó a declarar al agente forestal, cuya identidad se preservó con el nombre en clave 'Gavilán 22'. Durante la vista, el funcionario se ratificó en su informe, pero ya fue demasiado tarde. Los magistrados han considerado que el expediente instruido por un ingeniero de montes que ni siquiera acudió al lugar de los hechos fue «parcial» y adoleció de falta de rigor. La resolución del TSJPV habla de que la multa estaba sustentanda en «elementos tan confusos, omitidos en la instrucción del mismo, y solo asentados en afirmaciones y ratificaciones» del citado ingeniero.

La Diputación atribuye lo sucedido a «un defecto de forma». El grupo independiente que lo denunció está sobrecogido. Indaz considera que el mensaje que se lanza a la ciudadanía es escandaloso. «Si no se castiga un hecho tan salvaje como éste se seguirán haciendo barbaridades porque sale gratis», lamentan.

La única esperanza que alberga Indaz es que la vertiente penal del caso pueda desembocar en una condena y en una restitución del daño causado. Es cierto que la Fiscalía abrió diligencias por un posible delito ecológico, pero los denunciantes no han tenido noticia en estos tres años. El caso podría haberse archivado o estar cerca de sobreseerse, según han señalado fuentes judiciales a este diario.