El Supremo reabre la amenaza del derribo de las 560 viviendas ilegales en Cantabria

Muchos confiaban en que éstas se paralizasen, sobre todo teniendo en cuenta que las administraciones habían iniciado la modificación de los planeamientos urbanísticos para legalizar los chalés afectados. Las dudas interpretativas a la hora de aplicar el nuevo texto aprobado en el Senado -artículo 108.3 de la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo- derivó sin embargo en un cruce de fallos y recursos judiciales que el Tribunal Supremo ha zanjado negando la mayor. Los afectados por las órdenes de derribo deben ser indemnizados con todas las garantías, pero este derecho no puede seguir paralizando ninguna sentencia. Es decir, las órdenes de meter la piqueta podrán reanudarse si así lo estiman los jueces.

El Ejecutivo autonómico ha mostrado su preocupación por el fallo, que agota ya la vía judicial y cuya aplicación supondría «un gravísimo quebranto económico» para las administraciones. El director general de Urbanismo de Cantabria, Francisco González, insistió en que la redacción de nuevos planeamientos en los municipios afectados legalizará la mayor parte de estas casas sin afrontar pagos millonarios. De hecho, se calcula que 449 de las 560 viviendas con órdenes de derribo -los jueces han regularizado varias decenas- podrían librarse definitivamente de la amenaza de la piqueta.

El responsable autonómico alertó de que la sentencia del Supremo complica esta vía «porque no va dar tiempo en muchos municipios» a que los cambios urbanístico entren en vigor. Y remarcó que en los solares que quedasen vacíos podrían darse «situaciones paradójicas e incongruentes» como que se pueda levantar allí legalmente al menos el mismo número de viviendas.

El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, pedía ayer a los jueces «un último plazo» para cumplir con los trámites y plazos que exige la renovación del planeamiento urbanístico de su municipio. Además, señaló que el Gobierno regional también está renovando el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cantabria para salvaguardar estas viviendas. «Con estos dos documentos urbanísticos, las 255 viviendas consideradas ilegales en el municipio se quedarían en sólo 11 y así el Consistorio sí que podría hacer frente a su realojo y demolición, pero sí ahora se tira todo nunca tendremos dinero para pagar semejantes millonadas», aseguró.

El presidente de la asociación de propietarios afectados, Antonio Vilela, reconoció que el fallo del Supremo «no es el mejor que podía darse», pero «garantiza que se nos van a abonar las indemnizaciones porque ya no hay ninguna duda sobre la constitucionalidad del artículo 108.3». Y, tras recordar que «llevamos 20 años esperando», aseguró que estas sentencias deben servir «para que el Gobierno y los ayuntamientos se pongan las pilas porque ya no tienen más excusas».

Vilela exigió que se aprueben definitivamente los planeamientos urbanísticos con el parabién judicial «y que se cumpla la declaración institucional del Parlamento cántabro que el año pasado se comprometió a darnos una solución definitiva».