El Supremo avala la suspensión a un policía de Bilbao arrestado por narcotráfico

El agente fue arrestado en el marco de una operación contra supuestos narcos colombianos en la que fueron detenidas media docena de personas. Varios de los investigados fueron interceptados en Sevilla. El agente de la guardia urbana fue detenido en la capital vizcaína. La investigación fue dirigida por un juzgado de Alicante y en los registros los agentes encontraron unos 300 kilos de cocaína. Este procedimiento penal por tráfico de drogas sigue abierto en Alicante.

La detención causó conmoción en la Corporación local, ya que el agente desempeñaba un cargo de alta confianza de la Policía municipal desde hacía más de cinco años, muy demandado entre los funcionarios. En aquel momento, en el entorno del Consistorio insistían en que nadie había sospechado de esta persona hasta entonces y, sobre todo, subrayaron que no podían imaginar que este policía iba a ser detenido en una operación antidroga.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Bilbao explicaron que este agente sigue en la actualidad «suspendido de empleo y sueldo como medida cautelar» en el marco de su expediente disciplinario. Los mismos medios recalcaron que el Supremo ha amparado esta decisión y recordaron que el procedimiento penal contra el funcionario «sigue su curso».

La sentencia a la que ha tenido acceso EL CORREO fue dictada a principios de mes. Según consta en el fallo judicial, a raíz de su detención, el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento emitió dos resoluciones en octubre de 2017 y en mayo de 2018 en las que se acordó suspender de manera «provisional» al policía mientras se mantuviese su imputación.

El argumento fundamental para sustentar esta decisión fue que el agente estaba imputado por un «delito doloso contra un bien jurídico especialmente protegido» y, además, se argumentó que su reincorporación al servicio generaría «alarma social».

A partir de ese momento, el policía investigado utilizó diversas herramientas jurídicas para tratar de revocar esta resolución administrativa. En 2021 un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao estimó las alegaciones del policía investigado. Esta sentencia llegó después a un órgano judicial superior a raíz de la apelación presentada por el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el recurso del Consistorio en 2022, que presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En este sentido, sobre el fondo del asunto, el alto tribunal considera ajustado a derecho las suspensiones provisionales hasta «la finalización del procedimiento penal por resolución definitiva». Incluso aunque la jurisdicción penal no haya impuesto ninguna «medida cautelar que impida la prestación de servicios» en su puesto de trabajo habitual.