El Superior confirma 21 años de cárcel para el condenado por intentar quemar viva a su novia en Atxuri

El Superior vasco concluye que, en la sentencia fechada el 7 de octubre, «ha existido suficiente prueba de cargo contra el acusado» y que fue «valorada racionalmente» por la Audiencia de Bizkaia para enervar su presunción de inocencia.

La Audiencia de Bizkaia consideró probado que el procesado actuó con «ánimo de matar» a la mujer para «asegurarse de que no iba a delatarlo ante la Ertzaintza o ante el juzgado» por su presunta implicación en el atropello intencionado a una amiga de Dori donde ambos figuraban como investigados.

También que «utilizó una sustancia acelerante vertida directamente sobre la víctima» a la que prendió fuego mientras ella estaba acostada causándole «gravísimas quemaduras en el tercio superior de su cuerpo, fundamentalmente en el rostro». El incendio causó además importantes daños materiales en la lonja, donde vivía la pareja y que carecía de cédula de habitabilidad, y en viviendas anexas y elementos comunes del edificio.

La Audiencia de Bizkaia rechazó la versión del procesado de un posible intento de suicidio de la víctima en base a los informes periciales y médicos analizados durante el juicio, entre otras pruebas, extremo que ratifica el TSJPV.

La Audiencia de Bizkaia impuso al varón 18 años de cárcel como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con un delito de incendio con riesgo para la vida o integridad física de las personas, con la agravante de parentesco y la atenuante analógica simple de alteración psíquica.

También fijó dos años y cuatro meses de cárcel y una multa de doce meses con cuota diaria de seis euros al considerarle autor de un delito contra la Administración de Justicia que castiga al que con violencia o intimidación intente influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal.

Asimismo, le impuso un año de cárcel y una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros por un delito de descubrimiento de secretos, ya que el procesado «se apoderó del móvil de la víctima prácticamente a la vez que atentaba contra su vida (…) accedió a información contenida en él (…) sin proceder en ningún momento a la devolución del terminal».

Finalmente fijó el pago de una indemnización a la víctima de 600.000 euros por las «graves» lesiones y secuelas físicas y psíquicas causadas a esta, y la prohibición de comunicarse o acercarse a la mujer a menos de 500 metros durante 28 años, entre otras medidas. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.