Sólo un municipio de Bizkaia cumple con la ley del amianto dos años después de su aprobación

Ese plazo expiró hace un año y medio, pero 112 de las 113 localidades de Bizkaia todavía no han culminado el proceso. A día de hoy, solo Errigoiti, con una población de poco más de medio millar de habitantes, ha cumplido este trámite. El resto de localidades con tareas pendientes se encuentran en distintas fases. Bilbao ya cuenta con su propio listado, pero no se lo ha enviado al Gobierno vasco; Getxo espera completar el suyo (actualizando datos) y otros municipios, como Barakaldo o Basauri, han iniciado los trámites para hacer sus inventarios.

La tónica es similar en Álava y Gipuzkoa. En el primer territorio únicamente ha remitido su censo Ayala, mientras que en el segundo son sólo tres los municipios que han hecho sus deberes -Olaberria, Legazpi y Beasain-, según explicó el consejero de Industria y Transición Energética, Mikel Jauregi en respuesta a una pregunta formulada por la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba. Resumiendo, dos años y medio después de la entrada en vigor de la norma, al Gobierno vasco le falta la información de 247 municipios.

En el caso de Bilbao, fuentes del Ayuntamiento explican que ya se ha elaborado «un levantamiento de edificaciones o elementos con amianto mediante sistema de teledetección y se han añadido algunos elementos visualizados en trabajo de campo». El siguiente paso en el que está inmerso el Consistorio bilbaíno es publicarlo en la web GeoBilbao y enviar la información «de forma unitaria» al Ejecutivo autonómico. Además de estos datos, el Gobierno local tiene recopiladas «licencias que solicitan y/o incluyen la retirada de amianto, de tal modo que se conozcan aquellos edificios o elementos con amianto, y aquellos otros en los que ya se ha procedido a su retirada controlada», indican.

Getxo espera tener su inventario terminado en las próximas semanas. En Barakaldo y Basauri van unos pasos por detrás. El municipio de la Margen Izquierda está en una «primera fase, la de dotar de una herramienta informática a los técnicos» y una vez completen esta tarea, «iniciaremos el proceso de contratación de una empresa especializada para dar forma al censo», apuntan en el Ayuntamiento. «Habrá una segunda y tercera fases, para ver cuál es el peligro de ese amianto y retirarlo de los edificios públicos».

En el caso de Basauri, ya se están redactando los pliegos para licitar y adjudicar el contrato «a principios de 2025» y elaborarlo a lo largo del próximo año. Los responsables municipales están utilizando una guía publicada por Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental dependiente del Gobierno vasco para crear su registro. El ente público difundió el junio pasado un documento para facilitar la elaboración del censo, estableciendo «una metodología estandarizada con criterios técnicos unificados» que permitan también constituir el calendario para la retirada de amianto.

Y ¿cómo está la situación en el resto de capitales vascas? Vitoria cuenta con una versión preliminar de su censo y calcula que uno de cada diez inmuebles podrían estar afectados por asbesto. De ellos 40 serían de titularidad municipal. Según el consejero Jauregi, el departamento tampoco ha recibido información de San Sebastián. Con el fin de apremiar a los consistorios de los tres territorios a que cumplan con la ley, la Viceconsejería de Sostenibilidad promovió la creación de una mesa junto con las áreas de Salud y Economía, Trabajo y Empleo. Se han celebrado ya dos sesiones con los ayuntamientos, en mayo y septiembre de este año, para acelerar el proceso.

Según el INE, sólo entre 2007 y 2017 hubo más de 41.000 fallecimientos de varones atribuibles a la exposición al amianto, principalmente por neoplasias malignas de bronquio y de pulmón y mesoteliomas. Unos 12.000 vascos han podido estar en contacto con este material, tal y como se recoge en informes de Osalan.

Hace dos años, el Gobierno central anunció una norma estatal para crear un fondo de compensación para las víctimas, dotado con 25 millones de euros, pero las ayudas todavía no se han repartido. El reglamento que lo desarrolla iba a aprobarse, en principio, en enero, y la entrada en vigor de las ayudas estaba prevista para la pasada legislatura.

En octubre de 2023, el Parlamento vasco volvió a apremiar al Ejecutivo gobernado por Pedro Sánchez para que se activara este recurso. Este septiembre, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de Ley encaminada a a dotar de recursos el fondo, pero tres meses después, las asociaciones lamentan que «seguimos sin recibir por parte del Gobierno ningún tipo de comunicación que nos haga tener alguna esperanza», señalan en la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica).

Tras todo este tiempo, los perjudicados no han recibido ningún tipo de indemnización. El vicepresidente de la asociación de afectados por amianto de Bizkaia (Asviamie), Patxi Kortazar, califica de «ley sin contenido que no tiene ningún valor» la relativa a la creación de ese recurso, ya que sigue sin ofrecer compensaciones reales a las víctimas. «La falta de acción del Gobierno agrava más el sufrimiento de las personas afectadas y sus familiares, evidenciando una falta de sensibilidad y prioridad hacia una cuestión de salud pública urgente», denuncian desde Fedavica.