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Los últimos ciudadanos vascos encarcelados en el extranjero fueron Andrés Martínez y José María Basoa, dos bilbaínos detenidos a mediados de septiembre en Venezuela acusados de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Nicolás Maduro les acusa de formar parte de una conspiración internacional ... para derrocar su gobierno. Su familia insiste en que sólo son dos turistas de viaje por el país caribeño. Desde entonces permanecen en prisión preventiva en el país caribeño. Lo cierto es que, al margen de los detalles concretos, su caso ha adquirido una relevancia pública que ha puesto el foco en una realidad que a menudo suele pasar desapercibida: la vida de los presos vascos que cumplen condena en cárceles extranjeras.
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David S. Olabarri
¿Cuántos presos comunes vascos hay ahora mismo fuera de España? Consultado al respecto por EL CORREO, el Ministerio de Exteriores y Cooperación no ofrece cifras por comunidades amparándose en la «protección de datos». Este mismo organismo, que hace pocos años publicaba un informe detallado de la situación y el origen de los reclusos españoles en el exterior, se remite ahora a un documento en el que se afirma que el 31 de diciembre de 2023 había 940 españoles detenidos «en el exterior» y que, durante ese ejercicio, las oficinas consulares concedieron ayudas a los arrestados «por valor de unos 260.000 euros».
La fundación +34, que se dedica a dar soporte a ciudadanos españoles que cumplen condena fuera del país, sí tiene cifras más concretas. Según sus registros, en la actualidad hay una veintena de reclusos vascos fuera de España. Hay presos en Francia, Ecuador, China, Alemania, Costa de Marfil, Andorra, Argelia, Bélgica, Costa Rica y Suecia. No son muchos comparados con otras comunidades. «Andalucía es la que más tiene. Cuanto más al sur más dificultades económicas y más personas que acceden a hacer de mulas por unos pocos miles de euros», explica Javier Casado, el director de la organización.
De hecho, la gran mayoría cumple condena «por tráfico de drogas». Muchos de ellos -explican en la fundación- eran gente corriente que «no tenía antecedentes penales antes de ser detenidos» y que, arrastrados por las deudas o las dificultades económicas, tomaron la «pésima decisión» de hacer de mulas para conseguir algo de dinero. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Joseba de Noia Paez, un bilbaíno de 54 años al que le apresaron con una maleta con 15 kilos de cocaína en el aeropuerto de Quito. De la noche a la mañana se vio sólo «en medio del infierno». Le encerraron en una de las cárceles más peligrosas del mundo, sin apoyo del consulado, durmiendo en el suelo y sin dinero para poder comprar ropa para cubrirse o productos de aseo. «Allí dentro todo gira en torno al dinero, así que tuve que empezar a trabajar para otros presos». En sus primeros siete meses de reclusión adelgazó 15 kilos. Joseba ha cumplido ya gran parte de sus 10 años de condena en Ecuador y que se encuentra en régimen de semilibertad, a la espera de que tenga permiso para poder regresar a la capital vizcaína.
Pero no todas son condenas por tráfico de drogas. En 2017, la Policía de Ecuador detuvo a un bilbaíno, Héctor Menchero, acusado de asesinar a puñaladas a su expareja en una zona rural. Los dos habían estado viviendo en la capital vizcaína, donde tuvieron una niña. Pero la mujer regresó a su país huyendo de los «constantes maltratos», según explicó su familia. Años después Héctor viajó a Ecuador y poco después acabó con la vida de Paola Moromenacho.
En Chile también se condenó a un religioso, José Angel Arregi, por posesión de pornografía infantil. Lo que le llevó a prisión fueron las grabaciones de los abusos sexuales cometidos contra al menos 15 menores entre 1992 y 2005 en diversos colegios españoles, algunos de ellos en el País Vasco.
Los cerca de 500 voluntarios de la Fundación +34 acuden a cárceles de todo el mundo para tratar de mejorar la calidad de vida de los reclusos y favorecer su reinserción. Su única línea roja a la hora de prestarles ayuda a ellos y a sus familias es que no sean asesinos ni violadores. Javier Casado, su director, insiste en lo duro que es cumplir condena en cárceles extranjeras, sobre todo si es en países del tercer mundo, y recuerda que muchas de estas personas se encuentran en situación de desamparo. Y es que -insiste- no tiene nada que ver cumplir una condena en Suecia que hacerlo en Marruecos o en Ecuador. En algunas prisiones africanas y sudamericanas se han llegado a registrar «casos de canibalismo».
Mikel es el nombre ficticio de un vecino de una localidad costera vizcaína. Le condenaron a 10 años de prisión en Ecuador después de que en uno de los contenedores de su empresa de mercancías apareciesen unos 400 kilos de cocaína. En la actualidad se encuentra en tercer grado. Ha estado preso en la Penitenciaría del Litoral, una de las más peligrosas del mundo. Ha visto motines con decenas de muertos, decapitaciones, mutilaciones a personas que no tenían dinero para pagar las extorsiones... «Allí dentro mandan las mafias. Los presos van con subfusiles y los guardias con porras. Lo único a lo que aspiras allí es a salir con vida», explica.
En teoría, los consulados ayudan a los presos españoles con una aportación económica (uno 50 euros semanales en algunos casos) para que puedan sobrevivir en las cárceles. Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación +34 es darles soporte jurídico para conseguir su repatriación para que cumplan condena aquí. Una vez conseguido, la organización «se desentiende» de ellos. Pero también les visita de forma periódica y les proporciona ropa, comida y medicinas. La Fundación recibe subvenciones de las comunidades autónomas para atender a sus ciudadanos. En este sentido, lamentan que Euskadi sea una de las pocas comunidades que no les realiza aportaciones para realizar su cometido. Lo que no evita -reiteran- en que cuando acuden a una cárcel en la que hay vascos les den la misma ayuda que al resto.
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