La nueva Ley vasca de Vivienda garantiza un alquiler social a personas con bajos ingresos

Los jeltzales, de hecho, alertaron en su momento de que podría generar un "efecto llamada" de "proyección mundial". La ley ha salido adelante por la mínima, ya que abertzales, socialistas y UPyD suman 38 parlamentarios frente a los 37 de nacionalistas y populares, que han acusado al PSE de no haber buscado un verdadero consenso sino de limitarse a pactar con las formaciones que le daban la "suma aritmética" necesaria para su aprobación.

Ángel Toña, consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, ha alertado de que la aprobación de la nueva ley obligará a una importante readaptación presupuestaria. A pesar de que ha mostrado cierta cautela a la hora de arrojar cifras, ha deslizado que, "con toda la prudencia del mundo", generará un desajuste de entre "60 y 80 millones de euros".

El aspecto más novedoso de la norma es el estatus de subjetivo que concede al derecho a la vivienda, lo que significa que las personas con escasos recursos y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios podrán acudir a la Justicia para reclamar a la Administración que les facilite una vivienda en alquiler durante el primer año. Éste no es el único punto controvertido de la ley, ya que también ha suscitado polémica el canon a las viviendas vacías durante más de dos años, la posibilidad de que la Administración expropie temporalmente pisos a los bancos para evitar el desahucio de sus inquilinos y la decisión de que en el plazo de cinco años toda la vivienda pública en Euskadi se destine al alquiler.