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Ainhoa De las Heras
Lunes, 20 de julio 2015, 01:46
Fernando Luis Pérez, de 49 años, era un veterano agente de la primera promoción de la Ertzaintza, de los conocidos como 01, que llevaba 26 años en la Unidad de Tráfico de Bizkaia vigilando las carreteras. Su homicida, Jon Felipe D.T., un delincuente juvenil que entonces tenía 19 años, vivía rápido. Pese a su corta edad, ya había sido detenido en otras seis ocasiones por robos, agresiones y por violencia de género contra su novia, la que le acompañaba en el asiento del copiloto el día de los hechos, una víctima más, que resultó herida de bala por uno de los disparos de los compañeros de Fernando para frenar al homicida y que sobrevivió en una silla de ruedas. El destino del joven estaba marcado, antes o después terminaría en la cárcel, aunque en su camino se llevó por delante a un inocente, hace ya seis años.
Aquel día, el 20 de febrero de 2009, a Fernando le tocaba una fría guardia de noche. Sobre las doce de la noche él y sus compañeros de turno habían montado un control de alcoholemia en la rotonda de Aparcavisa, en Barakaldo, lugar elegido precisamente por su seguridad. La zona ofrece visibilidad, es amplia y está bien iluminada. A Fernando le tocó el puesto de la escopeta. Mientras otro ertzaina seleccionaba a los conductores que iban a soplar en el alcoholímetro, él le cubría y vigilaba a unos seis metros, precisamente para evitar fugas. Ambos eran los dos primeros uniformados en el control.
Sobre las doce y media de la noche apareció a lo lejos una furgoneta Mercedes Benz blanca. Conducía Jon Felipe, pese a no tener carné, por eso, según alegó su defensa en el juicio, no quería que le detuvieran, y junto a él viajaba su novia. Uno de los agentes le dio el alto, pero el conductor no frenó y llegó a golpearle en un brazo con el vehículo. El siguiente fue Fernando. Corpulento, medía 1,80 metros y pesaba 92 kilos, pese a lo cual el acusado aseguró que no le había visto, que se distrajo mirando el retrovisor. ¿Vas a parar o qué?, le gritó, según sus compañeros, pero la Mercedes le arrolló y su cuerpo quedó encajonado en los bajos. Su acompañante le pedía a gritos que se detuviera.
13,9 años por homicidio
¿Por qué no paró? Esa decisión, tomada en una milésima de segundo, le habría salvado la vida, según explicaron los forenses en la vista oral. Pero, no lo hizo. El conductor aceleró y le arrastró a lo largo de más de 700 metros. En el juicio, afirmó que no fue consciente de que llevaba a un hombre debajo del vehículo sino que pensó que se había subido a un bordillo, aunque los jueces no le creyeron. Es contrario a cualquier razonamiento lógico que un cuerpo humano que está en los bajos de una furgoneta no afecte a la conducción, afirmó la Sección Primera de la Audiencia vizcaína en su sentencia.
Los ertzainas que presenciaron esa angustiosa escena y que se temían lo que luego ocurrió, que le matara, comenzaron a abrir fuego para que la furgoneta se detuviera a toda costa. Disparé porque cada segundo que pasaba estaba matando a mi compañero, alegó uno de los policías. Alguno de los que usaron el arma reglamentaria llegó a estar imputado en una primera fase de la instrucción. Una de las balas alcanzó a Jon Felipe en una pierna. Sólo entonces, frenó. Otro proyectil le penetró a la chica por el tórax.
Un niñato sin carné, en palabras de uno de los testigos del atropello, había truncado de forma absurda la vida de un servidor público y de su familia.
En el juicio, el procesado alegó que padecía adicción a las drogas y que había consumido sustancias estupefacientes. Los forenses especializados en psiquiatría que le analizaron apreciaron en él un trastorno mixto de la personalidad que le habían llevado a un predominio de actos antisociales desde chico, como verse implicado en peleas, desacatos, hurtos.... La sala no le reconoció ninguno de estos atenuantes y le condenó a 13 años y nueve meses de prisión por un delito de homicidio. El fiscal y la acusación particular (que representaba a la madre y a una hija del fallecido, ambas vivían con él y perdieron lo más importante de sus vidas, además de su principal sustento) pedían 20 y 22 años de prisión por asesinato y la defensa, la libre absolución, o alternativamente, tres años de prisión por un homicidio imprudente. El entonces Departamento vasco de Interior pagó una indemnización millonaria a la compañera del condenado por una grave lesión medular.
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