Las asociaciones de padres reclaman que los centros devuelvan el importe de los libros de texto

"Lo tendríamos que haber pedido antes", aseguró Jesús Salido, presidente de Ceapa. "Las familias no tenemos la obligación de comprar libros de texto. El docente los elige y los adquirimos, pero porque es una práctica más de asumida, no obligatoria". La confederación reivindica desde hace años que la gratuidad de la enseñanza, recogida en el artículo 27 de la Constitución Española, también debe incluir el material escolar necesario. "Al menos durante las etapas obligatorias, durante primaria y secundaria", explicó Salido.

La propuesta de Ceapa es que las familias presenten un escrito a cada centro escolar en el que exijan la devolución del dinero que han invertido en los libros de texto del próximo curso. "Puesto que se nos obliga a adquirirlos, el que obliga que pague", afirmó José Luis Pazos, portavoz y tesorero de la confederación.

Ceapa denuncia, también, que la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) está permitiendo que se descarten libros de texto perfectamente válidos en cuanto a contenidos, y forzando a las familias a adquirir otros nuevos para ajustarse a las demandas de los centros. "Y, para colmo, los editores han amenazado con denunciar a las comunidades autónomas que rechacen poner en práctica el próximo curso la Lomce", aseguró Salido. "Es inaceptable que se coaccione a una administración por una cuestión de beneficios económicos".

Tras las últimas elecciones autonómicas, el número de gobiernos regionales contrarios a la Lomce puede pasar de cinco a trece. Muchos han reclamado ya una nueva Conferencia Sectorial de Educación que reúne al Ministerio y a las consejerías de Educación para tratar de frenar la parte de la ley que entra en vigor el próximo curso, y que incluye cambios curriculares en primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Desde Ceapa aseguran que las familias sienten "inseguridad jurídica" por este motivo, y reclaman que se celebre dicho encuentro y se llegue a un acuerdo para todos. "No queremos que cada comunidad autónoma haga lo que quiera", afirmó Salido. "Que no existan desigualdades de acceso según la comunidad".