Por una RGI justa y digna

Reconozco, cómo no, que los recursos nunca serán suficientes. Que siempre podemos y debemos hacer más. Seguimos trabajando para no dejar a nadie atrás. Pero los discursos de días atrás no son precisamente de gran ayuda. Debemos poner coto a las exageraciones de unos y a las salidas de tono de otros si queremos que este sistema de protección siga siendo eficiente, justo y sostenible. Un sistema, y esto es importante, que debe ser contemplado en su doble vertiente: social y laboral. Debemos promover la reactivación laboral de los colectivos más desfavorecidos, darles una atención y dotarles de la formación personalizada que les permita conseguir un trabajo digno desde el que poder afrontar su proyecto de vida. Y en ello está trabajando el Gobierno vasco, mejorando día a día la gestión de Lanbide para subir las tasas de intermediación.

El pasado mes de diciembre, el Parlamento vasco acordó pedir al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la elaboración de un informe que identificara los aspectos a mejorar en la tramitación y gestión de la RGI. Ese informe y sus conclusiones están ya en la Cámara de Gasteiz, y ahora nos toca a todos los grupos trabajar desde la responsabilidad y la calma. Sin catastrofismos, sin buscar réditos políticos y sin señalar a ningún colectivo. Sin atrincherarnos en los extremos y pensando que el modelo vasco de protección social tiene que tener futuro: futuro para seguir dando una respuesta a las personas que tienen una situación desfavorable y futuro para hacer que los y las perceptoras sean cada vez menos porque se han ido incorporando al mercado laboral.

Ya lo he mencionado antes, pero creo necesario insistir en ello: si Euskadi dispone de este avanzado modelo de protección social es gracias al esfuerzo de todas y cada una de las personas que vivimos aquí. Todos y todas lo hacemos posible, y todas y todos hemos de saber que merece la pena. Nuestros recursos están siendo bien empleados y llegan a quienes realmente los necesitan. El fraude, del que tanto hablan algunos, es mínimo, pero hay que combatirlo, aunque al hacerlo otros nos acusen de criminalizar a los beneficiarios. La Administración no puede hacer la vista gorda y debe activar mecanismos de control público que permitan detectar los usos indebidos de las ayudas. ¿Qué pensaría el contribuyente si los engaños, y las desigualdades que de ellos se derivan, no se persiguieran? ¿Es justo que una familia con hijos cobre menos que dos personas que conviven bajo un mismo techo? Rotundamente no, pero ocurre. Es precisamente la fórmula propuesta para acabar con esta injusticia la que más polémica y rechazo ha suscitado. La medida de "una prestación por domicilio", que tendrá sus excepciones, persigue el beneficio de la familia, asignando una cantidad común por hogar que se irá completando en función del número de personas adultas e hijos que residan en el mismo. Con las cantidades propuestas por la consejera Artolazabal una familia con dos hijos a su cargo cobraría 113 euros más al mes y una persona que viva sola, 13 euros más. ¿No debemos, por tanto, avanzar hacia un sistema más proporcional, que evite picarescas y que favorezca a las familias con hijos?

Espero y deseo que en los próximos meses seamos capaces de elaborar un discurso constructivo, alejado de fáciles titulares, que sirva para apuntalar este sistema. Se lo debemos a la sociedad vasca. Aportemos serenidad y calma al debate, y desde el consenso y la colaboración trabajemos por su mejora. Queremos seguir recorriendo un camino que Euskadi emprendió con el lehendakari Ardanza en 1989 con el llamado "ingreso mínimo familiar", muy tímidamente seguido por otras comunidades autónomas. En todo este tiempo, las instituciones vascas han dado una respuesta solidaria a quienes carecen de recursos suficientes para llevar una vida digna. Que ese compromiso de solidaridad y que esa política de destinar parte de nuestros recursos a las personas en riesgo de pobreza sigan formando parte de nuestro ADN. La pobreza, la marginalidad o la exclusión no son un problema de quienes las sufren, sino de la sociedad que los acoge. La respuesta, por lo tanto, es responsabilidad de todos y de todas, sin olvidar que debemos ser solidarios hoy y también mañana. Sin olvidar que tenemos que mejorar el sistema y asegurar su sostenibilidad presente y futura.