zigor aldama
Viernes, 16 de junio 2017, 02:03
La vivienda en Shanghái es un problema. Sobre todo, para quienes tienen la cartera poco abultada. Eso ha llevado a que muchos proyectos inmobiliarios destinados a oficinas y locales comerciales hayan sido reconvertidos en apartamentos de dimensiones diminutas. Con los precios del ladrillo por las ... nubes, esta es la única fórmula que permite a cientos de miles de personas acceder a una vivienda en la capital económica de China. No obstante, ahora el Gobierno ha declarado ilegal el uso residencial de estos espacios laborales.
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Es más, quienes hayan reformado las oficinas para convertirlas en apartamentos tendrán que rectificar los cambios que hayan hecho. Los inspectores se fijarán especialmente en que no haya ni baños ni cocinas. Y, por si fuese poco, quienes hayan modificado los pisos no podrán venderlos hasta que hayan sido rectificadas. Y no son cuatro. En total, las promociones inmobiliarias afectadas suman 17 millones de metros cuadrados. Así que las autoridades han cabreado tanto a los propietarios como a quienes viven en ellos.
El pasado fin de semana decidieron mostrar su enfado de una forma poco habitual en China: salieron en masa a manifestarse en pleno centro de Shanghái. Corearon consignas contra el Gobierno, mientras la Policía levantaba barreras y detenía a los cabecillas. Al final, de la protesta solo se enteraron quienes la vieron. Porque ningún medio de comunicación nacional se hizo eco de ella y los censores se las apañaron para borrar todas las fotos y los vídeos que mostraban en redes sociales a gente corriente plantando cara al todopoderoso régimen comunista.
Aunque pueda parecer sorprendente, no es la única muestra de descontento en el país. Ni mucho menos. Los chinos protestan, y cada vez lo hacen más. Según el China Labour Bulletin (CLB), una organización que analiza manifestaciones y huelgas, su número se incrementa a razón de un 20% anual. Y el ritmo crece. El año pasado fueron más de 3.000, casi el triple de las registradas en 2014. Eso sí, con la excepción de algunas protestas en las regiones occidentales de Tíbet y Xinjiang, las demandas nunca son políticas. El detonante de la rabia es sobre todo económico. Algunas manifestaciones, como la de Shanghái, están relacionadas con el sector inmobiliario, en el que los intereses de los ciudadanos chocan con el de los especuladores. Pero la mayoría se da en el entorno laboral y está relacionada con condiciones salariales o beneficios sociales que no se materializan.
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Despidos masivos
Este tipo de protestas se concentran sobre todo en las fábricas del Sur, donde el aumento del precio de la mano de obra y la dificultad para adaptar la industria a las necesidades del siglo XXI están provocando graves fricciones. Además, el propio Estado ya ha anunciado que despedirá a casi cinco millones de trabajadores en las empresas públicas, en particular de los sectores del carbón y el acero. Es una reconversión similar a la realizada a finales de la década de los noventa, pero ahora la economía crece a la menor velocidad del último cuarto de siglo y China tiene dificultad para crear empleo a buen ritmo. Según el CLB, eso ha hecho que el sueldo medio de los recién licenciados haya caído un 16% en el último año. Ahora es de 4.014 yuanes (530 euros).
Luego están los problemas medioambientales. El aumento de la concienciación ciudadana ha provocado rebeliones, que en ocasiones se han tornado violentas, contra proyectos industriales o energéticos rechazados por las comunidades en las que se iban a erigir. Atrás ha quedado la idealizada imagen de Mao Zedong, que soñaba con un Pekín lleno de chimeneas humeantes como símbolo de éxito económico. Ahora nadie quiere los chorros de gases nocivos de las incineradoras o de las plantas de carbón, ni las aguas tóxicas de instalaciones químicas.
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Cinco abogados fueron incluso más allá en febrero y decidieron denunciar en los tribunales a las administraciones de Pekín, Tianjin y Hebei por no proteger a sus ciudadanos de la polución atmosférica. «Nuestra existencia está en peligro por la inefectividad del Gobierno», justificó uno de ellos, Yu Wensheng, al diario The Guardian. Curiosamente, la vía judicial parece ganar adeptos. Fan Popo, reconocido activista gai, también demandó el año pasado al organismo de la censura china por haber obligado a retirar de internet su documental Mama Rainbow, sobre madres que apoyan a sus hijos homosexuales. «Fue una decisión arbitraria. Las leyes están ahí y deberían cumplirse. Tenemos que presionar para que así sea», cuenta a este periódico. Ganó el caso y ahora ha estrenado Papá Rainbow. «Hay esperanza», asegura.
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