Burros contra lobos, una solución ecológica

Mientras tanto este domingo miles de personas se manifestaban en el centro de Madrid para pedir que se detenga «la constante matanza de lobos» y hacer «efectiva y real» la protección de esta especie ibérica y emblemática. La protesta, convocada por un centenar de organizaciones y partidos conservacionistas como WWF España, Lobo Marley, Ecologistas en Acción, Equo, European Greens o la Alianza Europea para la Conservación del Lobo, transcurrió sin incidentes desde las puertas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en Atocha, hasta la céntrica Puerta del Sol.

Los manifestantes han portado carteles con imágenes de lobos asesinados en distintas comunidades autónomas, han imitado el aullido de este animal y han voceado consignas a favor del animal como 'No está muerto, lo están asesinando' o 'Dejad vivir al lobo'.

Situación jurídica compleja

La situación jurídica del lobo en España tiene en la actualidad dos realidades muy diferenciadas. En todo el territorio al sur del Duero, por mandato de UE, este depredador es una especie protegida -ni se puede cazar ni sacrificar- debido a que está casi extinguido, pues, oficialmente, solo hay entre dos y tres manadas en Guadalajara y el norte de Madrid e indicios de un puñado de ejemplares en Sierra Morena.

La situación en la autonomías del noroeste del país, donde viven prácticamente el 100% de los lobos españoles, entre 2.000 y 2.500 ejemplares, es dispar, pero en ninguna son especie protegida. Castilla-León, que concentra el 60% de las 297 manadas detectadas; Galicia, con el 28% de los ejemplares; y Cantabria, con el 4%, permiten su caza controlada y fijan unos cupos de sacrificio anual («control de población») que ejecutan los forestales y los cazadores, o ambos. Asturias, con un 12% de los cánidos, casi 40 manadas, no permite la caza y el sacrificio lo ejecutan solo los forestales. La Rioja y Euskadi impiden que se asienten manadas en su territorio. El plan de gestión del lobo existente en todas esta autonomías incluye indemnizaciones a los ganaderos por los ataques a sus rebaños, que las propias consejerías reconoce que en los últimos años han llegado mermadas y con retraso.

Los naturalistas piden que las administraciones hagan compatible la protección total en toda España -fin de los sacrificios y la caza- con un plan de ayudas a la ganadería extensiva (tradicional en libertad), que permita prevenir y minimizar los ataques al ganado, complementado con indemnizaciones «rápidas y justas» para las bajas en los rebaños. Proponen el uso generalizado de mastines y pastores y de vallados modernos y rediles de recogida nocturna, entre otras medidas, y añaden que el cambio traería grandes beneficios a través del turismo ecológico y de avistamientos.

Las organizaciones de ganaderos, sobre todo las de zonas con mayor presencia de manadas, denuncian que las administraciones se quedan muy lejos del número de lobos que deberían sacrificar cada año para minimizar los ataques, que aseguran que van en aumento y por los que si se les indemniza es «tarde y mal». En este clima de malestar se han producido en el último año determinados actos de vandalismo, como la muerte a manos de furtivos en Asturias de una decena de lobos cuyos cadáveres han exhibido retadores en postes de carretera, aparcamientos o calles, sucesos que investiga la Fiscalía.

Los cazadores, como indicó hoy una de sus organizaciones, la Fundación Artemisan, bendicen el sistema actual de control por caza selectiva y tasada, porque compatibiliza, dicen, la protección de los rebaños y la de la especie. Como prueba de ello recuerdan que, entre 2012 y 2014, según el censo oficial, los lobos en España aumentaron un 18,8% y pasaron de 250 a 297 manadas.

Las autonomías tiene la sensación de estar en un fuego cruzado. La consejera asturiana del ramo vino a decir hace unos días que ni una ni otra parte tiene toda la razón. Por un lado, ratificó que no es cierto que los sacrificios tasados esquilmen a los lobos, pues en Asturias hay dos manadas más que hace dos años. Se pasó de 37 a 39. Por otro, reconoció que es cierto que hay algunos ejemplares en zonas ganaderas que antes no había, «y donde no deben estar», pero también indicó que los daños de los ataques en la comunidad se habían reducido en un 21% en los últimos cuatro años.