La reapertura de Garoña, pendiente del Gobierno y de sus dueños

La hipotética reapertura de la central nuclear de Garoña está más cerca, aunque dependerá del visto bueno del Ministerio de Energía, primero, y después, si el Gobierno diera ese paso, de que los propietarios de la planta -Iberdrola y Endesa- lo vean rentable y realicen las cuantiosas inversiones necesarias para ello. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado esta mañana el visto bueno a la puesta en funcionamiento de las instalaciones, cerradas desde diciembre de 2012, con la condición de que cumplan las exigencias de seguridad que le ha impuesto.

El presidente del CSN, Fernando Martí, ha subrayado que será el Ejecutivo el que determine hasta qué año podría funcionar la central si al final autoriza su reapertura. El Consejo «no autoriza que Garoña opere ni lo desautoriza. Simplemente establece las condiciones para que sea segura si quiere volver a hacerlo. Es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuanto tiempo», ha señalado.

El pleno del CSN está compuesto por cinco miembros, de los que cuatro han votado a favor y uno en contra. El respaldo a la planta atómica del Valle de Tobalina, en la frontera con Álava, ha llegado de los tres consejeros del PP, y de su vicepresidenta, la socialista Rosario Velasco. El único rechazo lo ha firmado la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que también representa a los socialistas en este órgano. La división mostrada por los dos representantes del PSOE es muy probable que genere malestar en la formación, ya que el PSOE ha impulsado en el Congreso, junto con el conjunto de la oposición, una iniciativa a favor del cierre definitivo de las instalaciones.

Garoña produce en la actualidad en torno al 1% de la energía eléctrica que se produce en España. Según sus detractores, su cierre hace cinco años avala la tesis de que su existencia es innecesaria para el buen funcionamiento del parque eléctrico español.

La última palabra la tendrán en todo caso sus propietarios, Iberdrola y Endesa, que si reciben el O. K. del Ministerio de Energía, tendrán que hacer números y determinar si los posibles beneficios que generará la planta cubrirían las inversiones a realizar, que algunas fuentes sitúan por encima de los 200 millones de euros.

Más allá de lo que supone para el futuro de Garoña, la decisión adoptada hoy por el CSN es un cambio histórico en la política energética española. Por primera vez los técnicos encargados de velar por la seguridad nuclear han avalado que las centrales puedan ampliar su vida útil más allá de los 40 años, la barrera hasta ahora infranqueable para este tipo de instalaciones. Y lo hacen además sin marcar una fecha límite. Y es que desde 1999, el CSN siempre concedía los permisos para operar una planta de diez en diez años. Pero según el nuevo criterio aplicado en la decisión de hoy, las nucleares españolas podrán operar sin límite en el calendario mientras su seguridad esté garantizada.