Los perceptores de la RGI bajan por quinto mes consecutivo

El número de personas que cobra la RGI se mantiene en su menor nivel en dos años y medio, y se aleja del récord histórico que registró en mayo de 2015, cuando llegó a 66.373 residentes en Euskadi. Bizkaia es el territorio que cuenta con el mayor número de beneficiarios: 39.350, el 61,35% del total. Gipuzkoa cuenta con 15.066 y Álava con 9.721.

Dos de cada tres perceptores de la RGI (41.073) son de nacionalidad española. La mayoría (más del 56%) son mujeres. Predominan las personas con edades comprendidas entre 35 y 45 años (suman más de 17.700) y los mayores de 65. En este último caso abundan los pensionistas que cobran una prestación de una cuantía muy escasa, que es complementada por el Gobierno vasco hasta el nivel de ingresos que garantiza la ley que regula la RGI en función de la estructura .

Entre los 23.064 extranjeros -el 35,96% del total-, los más numerosos son los procedentes de América del Sur (8.213), seguidos de los países del Magreb (6.164) y el África subsahariana (4.686). La mayor proporción de inmigrantes se da en Álava -representan casi la mitad 4.770 personas de las 9.621 que cobran la ayuda-, con la peculiaridad respecto al resto de Euskadi de que entre ellos sobresalen los magrebíes.

La normativa en la que se basa esta prestación, la más avanzada de cuantas están en vigor en toda España, asegura unos ingresos mínimos -entre 625 y 959 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar- para los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra -por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía-, el Gobierno vasco les abona la diferencia. Esta prestación es compatible con la complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos.

El Gobierno vasco ha estimado un gasto de 461 millones de euros para atender este año la RGI y la prestación complementaria de vivienda. Esas partidas deberán aumentar en la cuantía que sea necesaria para atender la demanda de esas ayudas, ya que, si se reúnen las condiciones fijadas por la normativa vigente, su percepción está garantizado por la ley al margen de que la partida económica destinada a este fin se haya agotado o no.