Los beneficiarios de la RGI, en su nivel más bajo en dos años y medio

Bizkaia es el territorio que cuenta con el mayor número de beneficiarios: 39.411, el 61,3% del total. También es el que ha experimentado la mayor caída en septiembre: 104 personas respecto a agosto. Gipuzkoa tuvo un descenso de 44, mientras Álava sumó 38 más.

Dos de cada tres perceptores de la RGI (41.102) son de nacionalidad española. La mayoría son mujeres. Predominan las personas con edades comprendidas entre 35 y 45 años, y los mayores de 65. En este último caso se trata, mayoritariamente, de pensionistas que cobran una pensión de una cuantía muy escasa, que es complementada por el Gobierno vasco.

Entre los 23.179 extranjeros -el 36,1% del total-, los más numerosos son los procedentes de América del Sur (8.265), seguidos de los países del Magreb (6.220) y el África subsahariana (4.706). La mayor proporción de inmigrantes se da en Álava -representan casi la mitad del total, 4.793 de las 9.774 personas que cobran la ayuda-, con la peculiaridad respecto al resto de Euskadi de que entre ellos sobresalen los magrebíes.

La ley que regula esta prestación, la más avanzada de cuantas están en vigor en toda España, asegura unos ingresos mínimos -entre 625 y 959 euros mensuales, en función del número de miembros que integren la unidad familiar- para los ciudadanos en riesgo de exclusión social que cumplan determinados requisitos. Si ya disponen de algún tipo de renta por debajo de esa cifra -por ejemplo, un sueldo o una pensión de escasa cuantía-, el Gobierno vasco les abona la diferencia. Esta prestación es compatible con la complementaria de vivienda (250 euros mensuales), destinada a financiar el alquiler de pisos. Uno de cada cuatro beneficiarios son jubilados que cobran un complemento a su pensión de la Seguridad Social.

El Gobierno vasco ha estimado un gasto de 461 millones de euros para atender este año la RGI y la prestación complementaria de vivienda. Esas partidas deberán aumentar en la cuantía que sea necesaria para atender la demanda de esas ayudas, ya que, si se reúnen las condiciones fijadas por la normativa vigente, su percepción está garantizado por la ley al margen de que la partida económica destinada a este fin se haya agotado o no.