Javier Muñoz
Viernes, 13 de mayo 2016, 11:59
El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, se ha mostrado esta mañana abierto a la reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI) e invitó a los partidos a recuperar el «consenso» sobre el sistema vasco de subsidios. En una comparecencia en ... el Parlamento vasco pidió «un tiempo muerto», un momento de silencio «empezando por mí mismo», antes de establecer qué administración vasca se ocupa de qué colectivos de beneficiarios de la RGI. Hacía así referencia al plan que anunció para sacar del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) a los pensionistas que perciben esa ayuda (16.115 en abril pasado) y a otros perceptores difíciles de insertar en el mercado laboral. Aseguró que sólo es una idea embrionaria; las «reflexiones» de un consejero, de las que sólo aclaró que Lanbide seguirá pagando las nóminas. «Es imprescindible, es decisivo no meter presión y decidir con base a las mejores alternativas posibles», pidió Toña a los demás partidos. Sin embargo, su llamamiento al diálogo no encontró eco en la oposición.
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El PP volvió a incidir de nuevo en «el fracaso» de la gestión del Ejecutivo autónomo, al que acusó de haber «desprestigiado» Lanbide con sus propias declaraciones. La parlamenaria Laura Garrido pidió una revisión a fondo del modelo de garantía de ingresos y advirtió a Toña de que la reflexión técnica que ha abierto en el servicio de empleo, para sacar de él la gestión de miles de beneficiarios, «llega tarde».
Los socialistas también fueron duros con el consejero. Le reprocharon que, al incidir en que Lanbide ya no está «desbordado», les esté endosando a ellos «la herencia recibida» del Gobierno de Patxi López. La representante del PSE Txaro Sarasua culpó a Toña de haber anunciado su intención de recolocar casi a la mitad de beneficiarios de la RGI en otras instituciones y organismos sin haberlo «pactado» ni «consultado» con las administraciones concernidas y con asociaciones del Tercer Sector. Sarasua aseguró que ese proyecto pretende «maquillar» las cifras de Lanbide y preguntó si va a enviar a perceptores a los ayuntamientos.
EH-Bildu igualmente tenía cuentas que saldar. Recordó a Toña que el PNV ha suprimido en Gipuzkoa la ayuda de garantía de ingresos (AGI) que la Diputación creó en ese territorio cuando gobernaba la formación abertzale (un subsidio del que el consejero dijo en su día que causa un efecto llamada y era una «bomba» potencial en algunos municipios). La parlamentaria Belén Arrondo denunció que el Gobierno vasco no haya hablado de «políticas de inserción activa» y que no haya mostrado «disposición al debate». Amaia Arregi, del PNV, reconoció que hay aspectos de la RGI que hay que mejorar «entre todos».
El titular de Empleo, mientras tanto, hizo un balance positivo del trabajo de su departamento, aunque admitió que ello podía ser considerado «autocomplaciente», una expresión que fue inmediatamente aprovechada por toda la oposición. A pesar de ello, Toña insistió en exponer «datos objetivos» sobre Lanbide, si bien admitiendo que la percepción social de ese organismo es «peor de lo que está». «Ni es el coladero que algunos pretenden ni las personas que la perciben son modelos de incivismo», agregó, en referencia a las reiteradas críticas del PP sobre las irregularidades del subsidio.
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