Diputaciones y alcaldes aún ignoran su papel en el plan para sacar parte de la RGI de Lanbide

Las diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), que tiene el grueso de los servicios sociales en Euskadi, aseguraron ayer que hasta ahora nadie ha hablado con ellas sobre cómo podrían hacerse cargo de la atención a los perceptores de la RGI jubilados -si se les quiere pagar a través de deducciones anticipadas ello afecta a las Haciendas forales- ni cómo ocuparse de los beneficiarios que no presenten una fácil inserción laboral, como ha adelantado Toña. «Nosotros no sabemos nada de Lanbide», insistieron ayer al unísono fuentes de la diputación de Álava. Agregaron que, ahora mismo, los tres gobiernos forales y los ayuntamientos de la comunidad están enfrascados en el despliegue del mapa de servicios sociales de Euskadi -el que determina dónde estarán ubicados tales servicios-. Deber tener listo el trabajo a finales de este año y hasta ahora nadie ha dicho, al menos de forma oficial, una palabra de atender a perceptores de la RGI. «No figura entre las prestaciones», señalaron.

En Eudel explicaron que existen dos niveles de discusión entre las administraciones. Uno de ellos tendría «carácter técnico» y más adelante existiría otro en el que los ayuntamientos se expresarían una postura más política. Todas las fuentes consultadas por EL CORREO destacaron la complejidad del plan que va a plantearse en Lanbide y aseguraron que las conversaciones tienen un recurrido largo; de varios meses como mínimo, más allá de la presente legislatura y en un periodo marcado por las campañas electorales.

La Diputación de Bizkaia, donde PNV y PSE gobiernan en coalición, y donde la socialista Teresa Laespada se ocupa del área de Inserción Social, fueron algo más explícitos ayer que las demás instituciones, donde la cautela fue la tónica dominante. Fuentes de la institución vizcaína manifestaron su disposición al diálogo con el Ejecutivo de Vitoria, pero pusieron matices. «Las propuestas, las ideas, el debate siempre son positivos y no nos vamos a negar a hablar sobre ningún tema -explicaron-, pero conviene recordar que la RGI es competencia del Gobierno vasco, no es competencia foral».

Consenso institucional

En la Diputación vizcaína reclamaron «prudencia» al Departamento de Empleo y Políticas Sociales. «Creemos que hay que ser prudentes en los planteamientos -insistieron-, porque son cuestiones (las de adelgazar Lanbide de perceptores de la RGI) que afectan a la vida de miles de vizcaínos y vizcaínas». Según el gobierno foral, «el encaje del entramado institucional vasco y cualquier decisión que le afecte requiere de consenso. No daremos por seguras decisiones ni escenarios que todavía no son reales».

La controversia en Lanbide sobre qué hacer con las personas que no pueden trabajar porque tienen problemas sociales ha existido desde el momento mismo en que la RGI se traspasó ese organismo del Gobierno vasco durante el Gobierno de Patxi López. Tras la llegada del Ejecutivo de Urkullu los nuevos gestores de Lanbide han querido reorientarlo de modo que enviar ese colectivo a programas sociales para ocuparse específicamente de la inserción laboral Las dos filosofías están sobre la mesa.