Antes de que vuelva el invierno

Desde principios de año, el Ararteko se había propuesto sensibilizar a las autoridades y a la sociedad vascas acerca de esta preocupante cuestión. Mediante su Recomendación General 1/2016, de Bases para el debate social sobre la pobreza energética, se avanzaba un amplio elenco de medidas públicas o concertadas para combatir esta forma de exclusión social en Euskadi, en línea con la normativa europea. Se propugnaba, en particular, la adopción de un plan de lucha contra la pobreza energética que definiera la noción de vulnerabilidad, garantizara el suministro energético a las personas en tal situación, estableciera un deber de información adecuada a los consumidores, promoviera auditorías energéticas Además, el Ararteko recomendaba que las ayudas públicas a la rehabilitación o eficiencia energéticas tuvieran en cuenta, de modo prioritario, a aquellos hogares afectados por la pobreza energética y que se vincularan al impulso del ahorro energético.

Pues bien, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha venido a confirmar recientemente la pertinencia del debate lanzado por el Ararteko. En su tercer estudio sobre esta materia, de abril 2016, Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética con nuevos enfoques de análisis sobre esta cuestión, la ACA desvela que el 7,3% de los hogares vascos (150.000 personas) se declara «incapaz» de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Que más del 11% de hogares (230.000 personas) padecen gastos energéticos desproporcionados, esto es, superiores al 10% de sus ingresos. Si bien estos datos sitúan a Euskadi en una situación manifiestamente más favorable que la de la media estatal (un 11,1% de población afectada frente a un 24% respectivamente), resultan, de todos modos, suficientemente indicativos de la extensión del problema en nuestra Comunidad.

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) había pronunciado, poco antes, una sentencia (fechada en marzo de 2016) sobre la ley catalana de garantía del suministro energético a los consumidores más vulnerables. El TC cuestiona, por motivos competenciales, esta legislación autonómica porque establece un régimen económico diferente al estatal y porque prohíbe la desconexión del suministro con el fin de proteger al consumidor vulnerable, siendo así que la regulación básica del Estado ha optado, en su lugar, por un sistema de bonificación de precios.

Sin embargo, la sentencia no cuestiona la constitucionalidad de otras medidas autonómicas destinadas a paliar la pobreza energética, tales como la definición de personas vulnerables, los mecanismos de intercambio de información entre empresas suministradoras y administraciones públicas, la imposición a las suministradoras del deber de informar adecuadamente sobre tarifas sociales u otras medidas que el legislador autonómico estime necesarias. Por lo tanto, no parecen existir obstáculos para que el Parlamento vasco establezca ayudas económicas para evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas en casos de vulnerabilidad. Además, la lectura atenta de los interesantes votos particulares que acompañan a la sentencia del TC viene a indicar cuál podría ser el margen de actuación del legislador vasco en esta materia, en la medida en que se considera que la normativa estatal incumple los términos de la Directiva 2009/72/CE sobre la protección de consumidores vulnerables. Por lo tanto, ante el alegado incumplimiento estatal de la normativa europea, una comunidad autónoma podría dictar, dentro de su ámbito de competencia, aquellas medidas que resulten adecuadas para dar cumplimiento a lo exigido por el Derecho de la Unión. En todo caso, esta sentencia en su conjunto servirá para determinar, al menos en los próximos meses, el marco competencial en el que los poderes públicos vascos pueden, y deben, establecer su propia estrategia contra la pobreza energética.

De hecho, el Parlamento vasco acaba de debatir, hace pocos días, una proposición no de ley de varios grupos para que el Gobierno vasco defina, cuanto antes, una estrategia contra la pobreza energética en Euskadi. El debate público sobre pobreza energética está, por lo tanto, en marcha. Debemos felicitarnos por ello aunque el complicado y próximo calendario electoral pueda retrasar su materialización normativa. La futura estrategia vasca en este ámbito será un complemento necesario y esperado de las medidas estructurales pioneras ya adoptadas por las autoridades vascas en el ámbito de las políticas sociales y de vivienda, que han reducido sensiblemente el impacto negativo en Euskadi de la crisis económica que desde 2008 afecta a todo nuestro continente.

La primavera se convierte, por tanto, en momento propicio para continuar con el debate social sobre la pobreza energética en Euskadi con el fin de ir configurando las medidas a incluir en nuestra estrategia para reducir y paliar los efectos de este fenómeno que afectará más crudamente a más de 200.000 vascos y vascas cuando vuelva el invierno.