El Tribunal Constitucional suspende de forma cautelar la ley vasca contra el fracking

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la ley antifracking aprobada por el Parlamento vasco el pasado verano. La norma fue recurrida en abril por el Gobierno central, que considera que «invade» las competencias del Ministerio de Industria y pone unas trabas «inaceptables» a la controvertida técnica, por lo que ya se esperaba que el TC bloqueara el corpus jurídico. El Alto tribunal tiene ahora cinco meses para determinar si la ley es inconstitucional y la anula definitivamente o si rechaza la petición de Madrid. Las últimas decisiones hacen pensar que pasará lo primero, ya que hace apenas unos días los magistrados dejaron sin efecto una norma idéntica que afectaba a Cataluña.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, el Gobierno central presentó el recurso de inconstitucionalidad el 8 de abril, tras tras seis meses de infructuosas negociaciones con el Ejecutivo autonómico, y fue aceptado a trámite por el TC el día 26, aunque la resolución no ha sido notificada a las partes hasta hoy. «La suspensión de la norma es automática, pero estaremos atentos para que dentro de cinco meses pueda volver a entrar en vigor», ha recalcado Erkoreka. Si ha mediados de septiembre el Constitucional no se ha pronunciado sobre la ley puede recuperarse hasta que haya un fallo definitivo. Es lo que pasó en Cataluña.

Lo que no ha aclarado Erkoreka es la postura que mantendrá el Gobierno vasco a partir de ahora. Su posición es cuando menos curiosa: El PNV apoyó en el Parlamento de Vitoria la aprobación de la norma contra la fractura hidráulica y el Ejecutivo autonómico ha asegurado que defenderá «hasta el final» la prohibición, pero a la vez lidera a través de la Sociedad pública de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) el Gran Enara, el gran proyecto para buscar gas en el subsuelo de la llanada alvesa, en colaboración con varias petroleras norteamericanas. El plan se encuentra en una fase muy inicial, pendiente de los estudios de impacto ambiental y aún muy lejos de las posibles fases de perforación hidráulica, pero la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha señalado en reiteradas ocasiones que la idea de su equipo es «saber si hay reservas de gas en el País Vasco» y estudiarlas «hasta chocar con la ley». Ahora no hay ley durante al menos cinco meses.

El debate sobre el fracking llegó al Parlamento vasco impulsado por un importante rechazo social a la técnica. La plataforma 'Fracking Ez' presentó 103.000 firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular que se opusiera a la fractura hidráulica al considerar que su impacto medioambiental, social y económico sería «debastador». Los políticos tardaron dos años en desarrollar y aprobar una norma que ha permanecido 10 meses en vigor.