El Constitucional pone contra las cuerdas la ley vasca que prohíbe el fracking

Las medidas de las comunidades autónomas para intentar frenar el fracking, una técnica que ha ido generando un creciente rechazo social por su potencial peligrosidad, se han dividido en dos tipos durante los últimos años. Los parlamentos de La Rioja, Cantabria y Navarra se decantaron directamente al principio por el bloqueo total, por aprobar leyes en las que se prohibía literalmente el uso de la perforación hidráulica en sus territorios, decisiones que el TC fue anulando una detrás de otra con un único argumento: una norma regional no puede decir lo contrario que una ley nacional porque su rango en una materia sin transferir, como la explotación de hidrocarburos, es menor.

En la búsqueda de nuevas estrategias legales contra el fracking, Cataluña fue un paso más allá que las otras tres comunidades citadas. Vista la postura del Tribunal Constitucional, dio un giro de tuerca a sus argumentos: buscó una prohibición tácita. Dicho de otro modo, el Parlament elevó los requisitos medioambientales que se reclamaban a las promotoras hasta niveles casi imposibles de cumplir. Modificó dos leyes propias, las de Suelo y Aguas, para no permitir el fracking «cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales y paisajísticas o socioeconómicas de la zona» en que se ejecute un pozo. El bloqueo era casi automático ya que cualquier perforación de este tipo, aunque no genere daños medioambientales, requiere levantar una torre y excavar a más de 3.000 metros de profundidad, transformando al menos temporalmente la geología del terreno que se debe taladrar y su skyline.

La rápida respuesta del TC para anular leyes previas contra el fracking no se repitió en Cataluña. La normativa fue recurrida por primera vez en noviembre de 2014, pero no fue anulada definitivamente hasta ayer. «Las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y el medio ambiente no justifican la prohibición», decreta el fallo. Tanto había perdurado la regulación en vigor que el ardid legal parecía el correcto para bloquear la técnica. Así lo creyeron en el Parlamento vasco, que calcó la vía catalana en sus esfuerzos para bloquear la perforación hidráulica en Euskadi, donde hay un gran permiso en vigor y al menos otros cuatro pendientes de las resoluciones del Ministerio de Industria. Tras casi dos años de deliberaciones, y una petición firmada por 103.000 personas en la que se exigía que se estableciera límites al fracking, la Cámara de Vitoria aprobó en verano de 2015 una norma que también optaba por la prohibición tácita y los cambios de la regulación autonómica para postularse frente a dicho método de extracción.

Suspensión temporal

El camino de Euskadi ahora puede ser idéntico al catalán. Al límite del plazo permitido, este mismo mes, el Consejo de Ministros anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la ley antifracking vasca por «invasión» de competencias. Se sabía que la norma estará hasta octubre suspendida para que los jueces la analicen en profundidad, pero si después no se produce un pronunciamiento directo podría volver a entrar en vigor hasta que se produzca el dictamen final. En Cataluña, el Constitucional recurrió la norma en noviembre de 2014, aunque a falta de sentencia volvió a cobrar fuerza en marzo de 2015. Un año de silencio hacía pensar que el alto tribunal podría aceptar el veto, pero no ha sido así. Ahora, los argumentos jurídicos que se interponen contra la norma catalana se pueden presentar idénticos contra la vasca.