Javier Muñoz
Miércoles, 20 de abril 2016, 12:23
El Gobierno vasco ya ha recibido este año 162 solicitudes de otros tantos ciudadanos y hogares para ejercer el derecho a un alojamiento de alquiler asequible o en su defecto a una prestación económica mensual no superior a 250 euros. Así lo ha manifestado esta ... mañana la directora de Planificación del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Miren Saratxaga, que interviene en un congreso sobre la Ley de Vivienda celebrado en Bilbao.
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La mayoría de las solicitudes, 106, fueron presentadas en Bizkaia, mientras que otras 38 corresponden a Gipuzkoa y un número muy reducido, 18, en Álava, territorio este último donde la oferta de alojamiento está saturada.
En la inauguración de la jornada, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, reafirmó el compromiso de cumplir y poner en marcha la Ley de Vivienda, a pesar del recurso parcial presentado por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional, y «a pesar de que el grupo parlamentario que sustenta este Gobierno», en referencia al del PNV, votó en contra de ella durante su tramitación en el Parlamento de Vitoria.
Toña se refirió también a la polémica sobre el decreto que regulará el acceso al derecho subjetivo al alquiler, del que depende satisfacer las 162 solicitudes presentadas hasta ahora. Por un lado, PSE, Bildu y UPyD han reclamado que los requisitos de ese derecho no sean más duros que los de la vigente renta de garantía de ingresos y su complemento de alquiler. El consejero, en este sentido, abrió una vía al diálogo con esos partidos al expresar su disposición a desarrollar La Ley de Vivienda de la que depende la futura normativa y a hacerlo «en su letra y también en lo que el legislador quería».
Respecto a otro de los decretos de la ley, el que obliga a confiar al Gobierno vasco las fianzas de alquiler, Miren Saratxaga, explicó que la mayoría de los caseros afectados están respondiendo a los nuevos requisitos. Las fianzas acumuladas hasta ahora suman 39 millones, de los cuales 10 se han recibido en la Administración autónoma desde la aprobación este mes de la nueva normativa.
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