El recurso del Gobierno central paralizará al menos cinco meses la ley vasca 'antifracking'

La ley vasca contra el fracking entró en vigor el pasado 30 de junio tras más de dos años de tira y afloja en el Parlamento autonómico y un importante revuelo social. El debate se abrió gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba erradicar la perforación hidráulica y que apoyaron más de 103.000 personas residentes en Euskadi. Una contestación sin precedentes contra una técnica para buscar gas en el subsuelo del territorio cuyo impacto medioambiental y socioeconómico no está del todo claro.

En un intento por evitar recursos de inconstitucionalidad como los que habían tumbado anteriormente disposiciones similares en Cantabria, La Rioja y Navarra, el Parlamento no prohibió explícitamente el fracking sino que, emulando los pasos dados por Cataluña, fue más sutil: elevó los requisitos que se exigen a las empresas interesadas en perforar hasta niveles máximos. Por ejemplo, se reclama a los promotores que no alteren las condiciones geológicas o el skyline, algo imposible teniendo en cuenta que la técnica requiere hacer pozos de varios kilómetros de profundidad que se coronan con torres de extracción.

Pese al ardid legal el Gobierno central anunció un recurso de inconstitucionalidad casi de inmediato, el 26 de julio. No se presentó al momento sino que se ofreció al Ejecutivo vasco un periodo de negociación bilateral de seis meses para limar las diferencias. Era obvio que no iba a existir acuerdo porque el Gabinete Urkullu anunció la defensa «total» de la ley aprobada en el Parlamento y porque Madrid se está aplicando implacablemente en su apuesta a favor de la fractura hidráulica.

También se intuía que no podía haber pacto porque apenas ha habido reuniones y porque el equipo de Rajoy ha pasado todo el plazo pensando en las elecciones o en funciones. Aún así, ha acabado presentando la denuncia de inconstitucionalidad en el ultimo momento. «(La ley) excede la capacidad de la comunidad autónoma porque regula ámbitos reservados a la ley nacional de hidrocarburos», explicó ayer el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. «Es una injerencia absoluta en el autogobierno», respondió la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia.

La vía catalana como espejo

¿Y qué pasa a partir de ahora? Con el recurso, Madrid pedirá la suspensión cautelar de la ley vasca antifracking durante cinco meses, aunque en la práctica no va a haber cambios, ya que todos los proyectos que se desarrollan en Euskadi están aún en fase de investigación previa, lejos del momento de perforación, y el Gobierno autonómico siempre ha asegurado que quiere realizar los estudios geológicos pertinentes para «saber al menos lo que tenemos en el subsuelo del territorio». Todo menos fracturar el terreno.

Si nos atenemos a los precedentes, el Constitucional resolvió en menos de los citados cinco meses contra las leyes antifracking de La Rioja, Cantabria y Navarra. Las declaró inconstitucionales, por lo que quedaron definitivamente bloqueadas. Pero la norma catalana sigue viva. La explicación es que si pasado el plazo estipulado el TC no se posiciona, la norma suspendida vuelve a entrar en vigor a la espera de que el recurso se resuelva. La ley contra la fractura hidráulica de la Generalitat fue recurrida en noviembre de 2014 pero en marzo del siguiente año fue restituida al no existir una sentencia. Trece meses después de que volviera a entrar en vigor sigue sin haber fallo.