Los flecos del ‘fracking’

Legalidad

¿Aceptarán los jueces el recurso del Gobierno central?

A los veinte días de entrar en vigor, la ley antifracking vasca fue recurrida por el Gobierno central, un firme defensor de la fractura hidráulica y la búsqueda de nuevos recursos. Cualquier yacimiento que se encuentre reduciría el gran déficit energético del país -importa todo el gas que se consume-, y los expertos intuyen que en el subsuelo de Álava podría haber unas reservas descomunales. Algo así como lo necesario para todos habitantes del país durante cinco años. Madrid considera que prohibir la técnica es «inconstitucional» y que si las empresas interesadas cumplen los requisitos exigidos deben tener vía libre.

Si la Justicia acepta los argumentos del Ejecutivo central la norma que rige en el País Vasco será suspendida automáticamente, como ha pasado anteriormente, por ejemplo, en Navarra, Cantabria y Andalucía. La diferencia es que en esas comunidades se aprobaron leyes que prohibían expresamente el fracking mientras que Euskadi ha optado por un veto tácito. Dicho de otro modo, se han elevado al máximo las condiciones medioambientales y urbanísticas que se exigen a las empresas interesadas en perforar hasta hacerlas imposibles de cumplir. Esta vía ya la ha utilizado antes Cataluña, el único territorio que ha salido bien parado en el Constitucional.

Todo sigue en marcha

¿Es legal que Lakua siga promoviendo sondeos?

Respondiendo a una pregunta formulada por el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, reconocía recientemente que la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), el ente público a través del que Lakua está canalizando su participación en media docena de proyectos que implican la utilización del fracking -la mayoría fuera de la comunidad autónoma pero uno de gran relevancia, el Gran Enara, entre Álava y Bizkaia-, sigue adelante con sus planes pese a que la ley ya está en vigor. Tapia asegura que la normativa impide perforar «en zonas de alta vulnerabilidad» pero que no dice nada de los trabajos previos.

Esto supone que el Gobierno vasco no ha abandonado automáticamente los proyectos, tal y como aseguró que pasaría hace algunos meses su portavoz Josu Erkoreka, sino que sigue con los sondeos y las pruebas iniciales, especialmente en el entorno de Vitoria. ¿Para qué? Arantxa Tapia dice que toda la información que se consiga permitirá «conocer los recursos energéticos» del territorio para «establecer una estrategia al respecto en el futuro».

Las indemnizaciones

¿Cuánto dinero público va a costar dejar los proyectos?

Shesa no impulsa en solitario los proyectos para la búsqueda de hidrocarburos en Euskadi, forma parte de un conglomerado en el que participan unas cuantas multinacionales que llevan varios años poniendo dinero. Pese a que el Gobierno vasco mantiene en vigor aún sus compromisos al seguir adelante con los sondeos y el resto de trabajos previos, llegará un momento en el que toque perforar, y ahí habrá un problema. Si el Ejecutivo autonómico se niega a seguir adelante con la fractura hidráulica, obligado por la ley antifracking aprobada en junio, incumplirá el contrato firmado con el resto de las partes.

Esto tendrá dos consecuencias. La primera es que perderá su participación en unas labores a las que ha aportado bastante dinero público -nunca se ha precisado cuánto- y la segunda que acabará en los tribunales. Es más que probable que el resto de partes denuncien al socio mayoritario ante la paralización de las labores y Lakua se vea obligada a pagar sustanciosas indemnizaciones. «Están en su derecho», reconoce la propia consejera Arantza Tapia en sus recientes respuestas sobre el fracking.

Perforaciones cercanas

¿Lo que supone riesgo en Euskadi no lo es en Burgos?

Es ciertamente paradójico que muchos detractores de la fractura hidráulica se felicitaran el pasado junio al considerar que la ley vasca antifracking dejaba «a salvo el territorio» de una técnica cuyo impacto es dudoso cuando en una comunidad vecina las perforaciones están a punto de arrancar. La petrolera BNK espera empezar a agujerear en Las Merindades en 2016, una zona que limita con Las Encartaciones vizcaínas, el Valle de Ayala y otras zonas de Álava.

Si damos por buena la tesis antifracking, o al menos tenemos en cuenta el principio de precaución que esgrimen algunos partidos políticos vascos, los riesgos de contaminación y sismicidad que pueden registrarse en el entorno de Villarcayo podrían afectar a las inmediaciones de la central de Garoña y el pantano de Ordunte, el que abastece a Bilbao y sus inmediaciones. Y no solo eso, más llamativo resulta aún que, además de BNK, el propio Gobierno vasco contemple aún hacer un pozo utilizando la fractura hidráulica en la zona.

Proyectos de varias comunidades

¿La ley vasca frena los planes que dependan de Madrid?

Aunque la ley antifracking aprobada por el Parlamento vasco pone las máximas trabas posibles a las empresas interesadas en utilizar la técnica en el territorio autonómico, hay una posible laguna. Los proyectos que implican perforaciones en varias comunidades no son analizados por los gobiernos territoriales, ni sometidos a la normativa regional, sino que es el Ejecutivo central el que establece los requisitos. Son varios los ejemplos de «injerencias» autonómicas que han acabado en los tribunales y la Justicia siempre le da la razón a Madrid.

Viendo el actual panorama no es descartable que una petrolera que quiera perforar en Álava plantee un proyecto que abarque zonas de Burgos o La Rioja para salvar la norma vasca. Si estos planes obtuvieran el plácet del Gobierno central, otra de las consecuencias es que el Ejecutivo vasco podría volver a tener problemas legales. Prohibir a una empresa unos trabajos que otra sí va a poder realizar es un agravio con todas las papeletas para acabar siendo analizado por un juez.