El Gobierno vasco subraya que el gasto social de Euskadi ya tiene el consenso de los partidos

El decreto de cartera, necesario para desarrollar la Ley de Servicios Sociales que impulsaron en 2008 el Gobierno tripartito de Ibarretxe y el PSE, entrará en vigor el 1 de enero 2017. Para ese ejercicio establece un gasto social de 1.100 millones en los tres territorios históricos, una cantidad que incluirá las últimas prestaciones de dependencia que a día de hoy todavía por implantar y algunos servicios nuevos como los centros de noche y los pisos tutelados.

En la práctica, esas dos prestaciones son lo único novedoso del decreto , pues los demás servicios que contempla ya los está recibiendo el ciudadano. Lo relevante, no obstante, es que ahora son un derecho exigible ante los tribunales por las personas que cumplan los requisitos.

Toña reconoció que el trabajo para elaborar la cartera de prestaciones no ha sido fácil. Se ha tardado siete años para pactarla. El objetivo de homogeneizar los servicios en los tres territorios será limitado, ya que en cada prestación se establece un mínimo común para los territorios: el 80% de la medida de las tres provincias.