El Gobierno vasco asume que deberá paralizar sus proyectos de 'fracking'

El Gobierno vasco se prepara ya para el nuevo escenario que va a dibujarse tras la aprobación, el próximo martes, de la ley antifracking. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, confirmó ayer que el Gabinete Urkullu va a acatar la decisión y que paralizará los proyectos de fractura hidráulica en los que está implicado a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa). «Lo único que podemos hacer es respetar lo que se dictamine, seremos escrupulosos», señaló. Este paso no será sencillo, y posiblemente tampoco barato, ya que la renuncia puede obligar a Lakua a pagar importantes indemnizaciones a las promotoras privadas con las que lleva asociada casi una década para buscar gas en el subsuelo de la comunidad autónoma.

La ley antifracking que han pactado EH Bildu, PSE y PP tras unas intensas negociaciones evita la prohibición explícita de la fractura hidráulica -esta decisión, como ya ha pasado en otras comunidades, sería recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional al considerar que «invade» competencias nacionales-, y se agarra a una prohibición tácita que deriva de elevar al máximo los requisitos medioambientales que se exigirán a quienes quieran perforar en Euskadi. Por ejemplo, va a reclamarse que las obras no produzcan cambios geológicos ni paisajísticos, ni siquiera temporales, algo imposible de cumplir. Fuera del proyecto legal ha quedado definitivamente la moratoria de hasta ocho años que planteaba el PNV porque el resto de fuerzas políticas consideran que no tendría un efecto real ya que también sería recurrida automáticamente por Madrid.

«La ley no establece una prohibición general, que es lo que sería inconstitucional», matizó ayer Erkoreka en la rueda de prensa que ofrece cada martes tras la celebración del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico. «Autoriza las actividades relacionadas con el fracking, pero las subordina al cumplimiento técnico de unos requisitos claros, y el Gobierno vasco no podrá impulsar actividades que están prohibidas por ley», zanjó.

Esto quiere decir que cuando la norma entre en vigor Shesa iniciará los trámites para desvincularse de los proyectos con los que busca gas en Euskadi, los controvertidos Gran Enara, Sustraia, Lore, Landarre y Lurra. Abarcan en total una extensión de 367.000 hectáreas que afectan tanto a Álava y Bizkaia como a Gipuzkoa y en ellos participan también las petroleras Petrichor y Cambria. La duda que queda por despejar es si las promotoras privadas podrán seguir adelante con un permiso cuyas licencias les han sido otorgadas antes de que existiera la ley o pedirán una indemnización a Lakua por su abandono, con otra reclamación por daños y perjuicios.