La ley vasca contra el 'fracking' tropieza con las discrepancias entre los grandes partidos

La ley contra el fracking que prepara el Parlamento vasco pende de un hilo. Lleva cocinándose dentro y fuera de la Cámara de Vitoria más de dos años y a apenas quince días de ser sometida a la votación definitiva las discrepancias políticas amenazan con impedir su aprobación. PNV, EH Bildu y PSE se dieron ayer «una semana» de plazo para alcanzar un acuerdo y pactar el texto de la norma después de que el primer debate fracasara tras constatarse notables diferencias. Lo que parecía ser un trámite no lo fue. La ponencia convocada por la Comisión de Medio Ambiente, que se celebró a puerta cerrada, confirmó que los tres partidos mayoritarios quieren que la ley antifractura hidráulica incluya modificaciones de las leyes urbanísticas vascas para elevar al máximo los impedimentos a las empresas que quieran practicar el fracking y una moratoria que paralice los proyectos que ya están en marcha hasta ocho años, pero el tira y afloja que mantienen jeltzales, socialistas e independentistas no permitió que se le diera el visto bueno definitivo.

La ley contra el fracking sería la consecuencia de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó el pasado otoño al Parlamento vasco. Tiene detrás las firmas de más de 103.000 personas que rechazan el uso de esa técnica de búsqueda de gas en el subsuelo del territorio, al considerar que sus efectos medioambientales y sociales serían «devastadores». La ILP está siendo analizada por los partidos con representación en la Cámara de Vitoria desde diciembre y hace apenas tres semanas les tocó posicionarse presentando enmiendas que definieran el enunciado legal. El PP apoya la fracturación hidráulica y UPyD reclama que se garantice la seguridad antes de actuar, pero no han presentado propuestas, así que la decisión depende de las otras tres formaciones que sí se han postulado en contra. Su apoyo sería suficiente para aprobar la ley antifracking siempre que haya acuerdo. Si no, «la ILP puede no prosperar al registrar más votos en contra que a favor. Presentar un texto sin consenso previo no tendría sentido», advirtieron fuentes cercanas a la negociación.

El Constitucional, atento

EH Bildu y el PSE han propuesto que la ILP modifique las leyes vascas del Suelo y del Agua para impedir tácitamente el fracking, una vía que abrió la Generalitat de Cataluña y que es la única que no ha sido denunciada por el Constitucional hasta la fecha. El alto tribunal sí ha bloqueado leyes en Cantabria, Navarra y Andalucía que propugnaban la prohibición directa de la técnica o alguna moratoria como la que ha propuesto el PNV, al considerar que invaden competencias del Gobierno central. Pese a que las propuestas de los tres partidos serían incorporadas a la nueva norma, se quieren aplicar ciertos matices. Y esos flecos son por el momento insalvables.