La sociedad pública Ihobe vende una industria de Zamudio a su exdirector

Agaleus está dirigida por Xabier Caño. Ejerce como CEO y vicepresidente. Caño, hijo del dirigente de EA y exconsejero del Gobierno vasco Javier Caño, fue director general de Ihobe entre 2006 y 2009. También ha estado presente en el consejo de administración de la sociedad pública entre 2014 y enero de 2020, según consta en el registro mercantil. Este último puesto lo desempeñó en calidad de presidente de Aclima, la entidad que aglutina a las empresas del sector medioambiental en Euskadi.

La planta de Zamudio empezó a funcionar a finales de los 90. Requirió de una inversión inicial de 920 millones de las antiguas pesetas (5,57 millones de euros). La Unión Europea aportó fondos. El suelo fue valorado entonces por 1 millón, mientras que los equipos y el resto de activos costaron 4,5 millones. Para Ihobe, la planta tenía un valor estratégico ya que fue y sigue siendo la única industria de Euskadi capaz de tratar disolventes.

Durante casi 30 años, el CAR ha sido explotado por la empresa privada Sogecar, compuesta inicialmente por cuatro compañías, a cambio del pago de un canon anual. Se calcula que en estas tres décadas han abonado 3 millones por este concepto. En abril de 2022, el Grupo Agaleus pasó a controlar el 100% de Sogecar, al culminar el proceso de compra de las participaciones que sus socios tenían en el proyecto. Entonces, Agaleus destacó la importancia del CAR y la existencia allí de un laboratorio de «alta tecnología». Sogecar ha declarado beneficios en los últimos años. Entre 2018 y 2022, ganó una media anual de 75.000 euros, impuestos excluidos. Su facturación anual ronda el millón y medio de euros.

En noviembre de 2023, Ihobe decide deshacerse de la planta y anuncia la subasta. ¿Por qué motivo? La sociedad pública asegura que «tras casi 30 años de actividad, la instalación se encuentra amortizada, la iniciativa privada aborda esta actividad y no contemplamos la explotación de plantas de tratamiento de residuos».

¿Cómo se hizo la subasta? Las condiciones fueron muy concretas. El precio de salida fue fijado en 1,9 millones de euros en base a dos informes de tasación «de dos ingenierías independientes», entendiendo que se había producido una devaluación con los años. Ihobe asegura que no ha hecho «inversiones significativas, salvo exclusivamente aquellas correspondientes a la adecuación a la normativa de prevención».

Al proceso solo podían concurrir empresas con una facturación anual superior a 1,4 millones (Sogecar superaba por poco esta cantidad). Y había dos requisitos muy particulares: el adjudicatario tendría que subrogar a la plantilla (10 personas) y rescindir el contrato con Sogecar, vigente hasta 2026. Y se establecía una última condición: el compromiso hasta 2036 de mantener la actividad.

Para Ihobe no ha habido nada oscuro en la enajenación. «Ha sido un proceso transparente y garantista». Y añaden que la decisión de ponerlo a la venta recibió el visto bueno de la UE (una condición necesaria al haber aportado fondos).