Más de 90.000 vascos buscan vivienda y tres de cada cuatro apuestan por el alquiler

Esto no significa, sin embargo, que haya 68.892 ciudadanos a la espera de emanciparse. Es más, fuentes del Ejecutivo aseguraron que, de los inscritos, «el 70% ya paga algún otro alquiler», aunque confían en poder optar a «uno más asequible». Así todo, el viceconsejero reconoció que «la oferta de arrendamientos que tenemos en la actualidad es ridícula respecto a la demanda. Contamos con un parque obsoleto que debemos reinventar y para ello hace falta una inversión sostenida en el tiempo».

El congreso, presidido por el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, reunió a expertos en la materia procedentes de países como Alemania, Austria y Holanda con el fin de poner en común aquellos casos que han funcionado en Europa y que pueden ser aplicables en Euskadi. Participó, por ejemplo, Isabella Wohinz, quien gestiona el parque público de alquiler en Viena, un país que el Gobierno vasco considera de «referencia», ya que una de cada cuatro viviendas son sociales y buena parte del parque inmobiliario está en manos públicas. Arriola reconoció en su intervención que la finalidad del departamento es «reconocer el derecho subjetivo a la vivienda y abordar los hogares desde la perspectiva de su función social». Es decir, evitar considerar la vivienda como un producto de mercado y convertirla en el quinto pilar del Estado de Bienestar tras el acceso a la sanidad, la educación, la jubilación y los servicios de atención a la dependencia.

Para ello, recordó que su consejería dispone de un «amplio abanico» de medidas que «requieren de una reforma fiscal para que sean eficaces». El político socialista hizo referencia, entre otras acciones, a la edificación de hogares públicos, a la movilización de pisos vacíos -de 26.000 hogares deshabitados identificados se han logrado activar 7.400 a través del programa Bizigune-, a las ayudas a la emancipación juvenil o la colaboración con el sector privado para crear alquileres que puedan ser pagados por todos los bolsillos, a sabiendas de que el precio de los arrendamientos ha crecido un 20% en los últimos seis años. «Es muy difícil que se consiga el efecto deseado si detrás no hay una fiscalidad comprometida y orientada a mejorar las condiciones de los arrendadores para que contengan las rentas y de arrendatarios y colectivos más vulnerables, como los jóvenes».

El foro pivotó en torno al concepto de la vivienda en tres grandes bloques. El primero contó entre otros con la participación de Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Gobierno central, quien explicó que a nivel nacional existe «una gran brecha social» para tener un piso en propiedad. «Además de las personas con menos recursos, cada vez nos encontramos con más familias que tienen dificultades para comprarse un piso y que tampoco pueden acceder a una vivienda protegida porque no cumplen los requisitos», especificó. En su opinión, la fórmula secreta pasaría por mantener las ayudas e ir creando viviendas asequibles para que «cada uno decida de qué modo quiere vivir».

Arriola confesó, en este sentido, que no hay «varitas mágicas» ni «herramientas que por sí solas solucionen la carestía o la falta de vivienda». «Existe en la actualidad una exigente combinación entre voluntad política, capacidad técnica e inversión que hay que cumplir», explicó. Recordaron igualmente la posibilidad de declarar zonas de mercado tensionadas para poder contener el alquiler en las áreas urbanas más caras, una propuesta que según Konstantin Kholodilin, experto ruso en esta materia, «podría generar una disminución de la oferta» en las localidades.