Los robos con violencia han aumentado un 90% en Bizkaia, alerta la Fiscalía

Los datos del Ministerio público vienen a confirmar la percepción de mayor inseguridad que hay entre la ciudadanía, dado que esta tipología delictiva es una de las que genera mayor alarma por el ataque directo a la víctima. En la última encuesta del Ayuntamiento bilbaíno, los vecinos ya consideraban la inseguridad como el mayor problema, por encima de la economía o el Covid, y un 11% de los ciudadanos confesaban haber sido víctimas de un robo en los cuatro meses anteriores, el doble que en el estudio anterior.

La memoria fiscal, que engloba las estadísticas de denuncias de todos los cuerpos policiales, intenta radiografiar el fenómeno al detallar que el modus operandi más empleado en los asaltos es la «violencia física, los golpes» y que se suelen producir en la vía pública. Otro detalle para la reflexión se refiere al porcentaje de «reincidencia» en esta criminalidad, que asciende, ni más ni menos, que al 40%, según los datos policiales. Es decir que casi la mitad de los delincuentes detenidos ya había cometido robos violentos con anterioridad.

En general, los delitos contra el patrimonio, esto es, todo tipo de robos, que incluyen también los hurtos, el más numeroso, aumenta un 22% con respecto al periodo anterior, al pasar de 6.711 a 7.861 ilícitos. Representan la mitad de los 14.891 robos que se registran en todo el País Vasco. La Fiscalía hace suya la «interpretación policial» que señala «dos tipos de delincuentes, los residentes o afincados en Bizkaia y los 'itinerantes', que vienen de fuera a realizar campañas». Ambos grupos «tienen en común que convierten al robo en su 'modus vivendi', lo que conlleva una gran reiteración delictiva», señalan los fiscales vascos.

En paralelo también se han disparado los delitos de lesiones un 21,97%, pasando de 3.837 en 2021 a 4.680 el año pasado. Además, se ha detectado en estos casos una proliferación del uso de armas blancas u objetos cortantes. Pese a que emplear uno de estos instrumentos aumenta la punibilidad, esto no ha logrado reducir su extensión. La Fiscalía propone adoptar otro tipo de medidas para eliminar de las calles las armas prohibidas, «de carácter educativo o cultural y un mayor control de la tenencia».

La Fiscalía no se atreve a asegurar cuál puede ser la causa del aumento de estos delitos, aunque sí comprueba que el repunte de la criminalidad es «cíclico», y que ya se vivió «hace 15 años». Como solución, plantea que una respuesta más rápida podría influir en una disminución de las cifras, ya que los autores percibirían un «reproche penal inmediato», lo que ejercería «una influencia disuasoria». El mejor ejemplo de ellos sería, a su juicio, «impulsar los señalamientos y la celebración de juicios rápidos» para que los ladrones reciban el castigo penal a sus actos sin demora. Esto también permitiría a la justicia aplicar medidas cautelares, ya que el caso se juzgaría en breve.

Uno de los diez juzgados penales de Bilbao lleva meses celebrando este tipo de vistas orales 'exprés' para delitos como los hurtos o robos con violencia, cuya pena no supera los cinco años de prisión. Se logra así reducir de varios meses a unos días los trámites, aunque sólo se puede aplicar en investigaciones sencillas, que requieren de la implicación de policías, fiscales y jueces. Una de las consecuencias es que el delincuente sabe que «si la hace, la paga», en palabras del alcalde Juan Mari Aburto, y empieza a tener antecedentes antes, con lo cual el riesgo de que siga reincidiendo se limita.

En Euskadi hay un total de 1.605 presos en las tres cárceles de Zaballa, en Álava; Basauri, en Bizkaia, y Martutene, en Gipuzkoa y sólo existe un juzgado de vigilancia penitenciaria que se encarga de todo. La población carcelaria ha registrado un ligero incremento en 2022 con respecto al año anterior. La mayoría están internos en la prisión alavesa de Nanclares de la Oca, 886, y sólo hay 70 preventivos. El penal vizcaíno acoge a la mitad de población penitenciaria, 382 internos. De ellos, 59 se encuentran en prisión provisional pendientes de juicio, mientras que 323 ya han sido condenados. En Gipuzkoa, la proporción es similar, 288 penados y 49 preventivos.