60.000 vascos reciben ayudas de Lanbide para evitar la pobreza extrema

De la entidad dependen ahora no solo la Renta de Garantía de Ingresos y la prestación complementaria de vivienda que pueden recibir sus beneficiarios. El organismo también ha asumido la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la ayuda que puso en marcha el Gobierno central en junio de 2020 y el apoyo de hasta 100 euros al mes para familias con hijos que cumplan determinados requisitos, perciban o no el IMV, después de que fueran transferidas al Gobierno vasco.

La prestación con mayor número de titulares sigue siendo la renta básica autonómica, de la que el Ejecutivo se ocupa desde hace más de una década tras ser transferida por las diputaciones. Desde este mes crecerá un 8,5% hasta alcanzar los 800 euros para una sola persona y los 1.013 para los pensionistas para hacer frente a la inflación. En diciembre la recibían 49.413 personas, 3.310 menos que en el mismo periodo del 2021. La cifra ha bajado por la mejora en los datos de empleo, «que ha superado los máximos de afiliación a la Seguridad Social», según fuentes del Departamento. El número de beneficiarios de esta ayuda alcanzó cifras récord en mayo de 2015, cuando se ingresó en la cuenta corriente de 66.373 personas por el efecto de la crisis económica.

Ahora, el 60% están desempleo o no pueden trabajar, y el 40% la perciben para compensar ingresos exiguos por trabajos precarios o pensiones. Cerca de 12.700 son pensionistas que han de recibirla para complementar sus nóminas, mientras que otros 7.700 tienen empleos que no les permiten llegar a fin de mes. Por otro lado, 9.928 de los 19.794 perceptores del Ingreso Mínimo Vital en la comunidad, cuya subida del 15% se prorroga de forma temporal, tal y como se contempla en el nuevo paquete de medidas que aprobó hace unos días el Gobierno central, también cobran la RGI como complemento. Para otros 9.866 vascos, el IMV supone su única fuente de ingreso al no cumplir los requisitos de la prestación autonómica.

En general, la RGI está más extendida porque las cuantías que perciben los perceptores son superiores y las exigencias, más laxas. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital está dirigido a personas de entre 23 y 65 años y requiere acreditar un año de residencia en España. Se otorga además en función de los ingresos obtenidos en el año previo a la solicitud, mientras que la RGI tiene en cuenta los de los dos meses previos y requiere tres años de residencia en Euskadi.

«La reducción de perceptores viene motivada por la mejora de la situación económica, pero existen más prestaciones que han permitido dar cobertura a más gente», explicaron fuentes del Departamento. De hecho, la Ayuda para la Infancia, un complemento para familias con hijos que cumplan ciertos requisitos, ya beneficia a 8.448 familias, la mayoría perceptoras del IMV.

Lanbide prevé incrementar en un 20% el importe destinado a ayudas sociales este año hasta que estas cuatro prestaciones alcancen los 565 millones. Además de la actualización de los importes que ya ha entrado en vigor, en abril entrará en vigor una reforma de la RGI que pretende extender «esta prestación a más personas a las que ahora no puede llegar». Permitirá bajar la edad mínima para solicitarla de los 23 a los 18 años en determinados supuestos, como que el joven lleve un año emancipado y en búsqueda de empleo. Los refugiados, los solicitantes de asilo y las víctimas de violencia machista y explotación sexual no tendrán que demostrar tres años de residencia efectiva en Euskadi para solicitarla.

La ayuda para la infancia (API) se introdujo para mejorar la Ley del Ingreso Mínimo Vital para luchar contra la pobreza infantil. Las familias que cumplan los requisitos, - ingresos de hasta 28.318 euros al año para dos adultos y un menor en 2022, entre otros-, sean o no perceptoras del IMV, pueden acceder a 100 euros mensuales para los menores de tres años, a 70 para los de entre tres y seis años y a 50 para los que tengan hasta 18 años. Lanbide comenzó a transferirla en junio y lo perciben ya 8.488 familias vascas, de las cuales 646 no cumplen los requisitos para cobrar el IMV pero sí que tienen derecho a esta ayuda. En total, Euskadi ha invertido 6,04 millones en este concepto.